El uso diario de las tarjetas de crédito y débito dejará de ser confidencial en Nicaragua. El régimen sandinista ha solicitado una drástica reforma a la Ley Contra el Lavado de Activos que obliga a los bancos a levantar el secreto bancario y reportar minuciosamente cada transacción que realicen los nicaragüenses con dinero plástico, una medida que marca el establecimiento de un estado de vigilancia financiera permanente.

La iniciativa de ley introduce una nueva e invasiva obligación para las entidades financieras denominadas «Sujetos Obligados», es decir, los bancos.

A partir de la aprobación de esta reforma, que según dijo Gustavo Porras, podría ser mañana o el jueves, los bancos comerciales deberán remitir de manera obligatoria a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) un exhaustivo «Reporte de pagos, compras y/o retiros en efectivo nacionales e internacionales utilizando tarjetas de crédito y/o débito».

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Adiós al sigilo bancario

Esta disposición rompe los principios internacionales de privacidad financiera y dota al Estado de un software de control social sin precedentes. La dictadura no solo sabrá cuánto dinero mueve un ciudadano, sino en qué establecimientos compra, qué servicios consume, qué plataformas digitales paga y exactamente en qué ciudades o países extranjeros realiza sus transacciones o retiros de efectivo.

En la práctica, la UAF —una entidad controlada directamente por el Ejecutivo y vinculada a los aparatos de inteligencia policial— tendrá acceso en tiempo real al historial de consumo e itinerarios de viaje de cualquier tarjetahabiente. Lejos de combatir el crimen organizado, esta medida se perfila como una herramienta punitiva de asfixia económica y control político sobre el sector empresarial, profesionales independientes y la ciudadanía en general.