Este miércoles por la tarde, ni tiempo hubo para demostrar inocencias o culpabilidades, puesto que 94 nicaragüenses exiliados, fueron pasados en un santiamén por la guillotina judicial de la dictadura sandinista, que los despojó no sólo de sus identidades, sino también de los bienes que pudieran poseer en el país.
Sin acusaciones, sin notificaciones, sin audiencias, sin pruebas, sin testigos, sin defensa, sin debido proceso, sin nada más que la nociva sed de venganza se tomó la medida draconiana de los jueces y verdugos a sueldo de la dictadura Ortega-Murillo.
El sandinista presidente del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Managua, Ernesto Rodríguez Mejía, leyó la resolución supuestamente a petición de los jueces de Distritos Penales de Audiencias de la circunscripción Managua.
En la resolución, además, se impuso penas accesorias de inhabilitación absoluta y especial para ejercer cargos públicos, ejercer la función pública en nombre o al servicio del Estado de Nicaragua, así como ejercer cargos de elección popular y la pérdida de sus derechos ciudadanos de forma perpetua.
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¿Y la acusación? ¿Y el juicio?
Además, “a los acusados” se les declaró “prófugos de justicia”, según Rodríguez, sancionado por Estados Unidos y Europa junto a los demás jueces por violación de derechos humanos y corrupción.
El magistrado sandinista dijo que los 94 nicaragüenses fueron acusados por el Ministerio Público por los presuntos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en concurso real con el delito de propagación de noticias falsas a través de la tecnología de la información y de la comunicación, todo en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad.
“Los acusados ejecutaron y continúan ejecutando actos delictivos en perjuicio de la paz, la soberanía, la independencia y la autodeterminación del pueblo nicaragüense, incitando a la desestabilización del país, promoviendo bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras, todo en perjuicio de la paz y el bienestar de la población», indicó el magistrado sancionado.
Rechazo total
Los magistrados de apelaciones de Managua explicaron que tomaron esa decisión en base a la inconstitucional “Ley especial que regula la pérdida de la nacionalidad nicaragüense”. Esta polémica ley fue aprobada el jueves pasado de forma expedita, así como la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz, publicada el 22 de diciembre de 2020.
Los funcionarios judiciales de Ortega, notificaron de esa sentencia espuria al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Ministerio de Gobernación y al Consejo Supremo Electoral. La decisión fue calificada por uno de los afectados como un acto de fascismo al estilo del criminal dictador Adolfo Hitler, quien igual que Ortega, despojó mediante decretos de todo atisbo de humanidad a los ciudadanos judíos antes de robarles sus bienes y mandarlos a morir a los campos de concentración.
La mayoría de las víctimas de Ortega, además, califican como ilegal, arbitraria e ilegítima la resolución de los jueces del dictador.
“¡Nicaragüense por Gracia de Dios!…y hoy más que nunca ¿Qué derecho puede tener un grupo de mafiosos armados y desalmados a decidir que ya no soy hijo de mi madre? ¡Ninguno! El mismo valor moral de un atraco a mano armada por una pandilla de delincuentes”, escribió en sus redes sociales el economista opositor Enrique Sáenz, uno de los afectados por la medida.
“He vivido mi cumpleaños con la nefasta noticia de que el régimen me ha retirado mi nacionalidad y me ha declarado prófuga de la justicia. Soy más nica que nunca y más honrada que cualquiera de esa estirpe perversa que son los Ortega-Murillo”, escribió por su lado la periodista Jennifer Ortiz, directora de Nicaragua Investiga. “¡Por Nicaragua y por su libertad: el periodismo no parará!”, sentenció en Twitter.
En menos de siete días, Daniel Ortega, ha declarado apátridas a 316 nicaragüenses, entre ellos a los 222 expresos políticos que fueron excarcelados y desterrados a Estados Unidos el pasado 9 de febrero.
Entre los nuevos ciudadanos que ha embestido el régimen este miércoles, figuran periodistas y directores de medios, escritores, sacerdotes y religiosos, abogados defensores de derechos humanos, sociólogos e investigadores sociales, cineastas y ambientalistas. Estados Unidos protestó la medida y advirtió de consecuencias contra la dictadura Ortega-Murillo que azota Nicaragua desde 2007.
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