El expresidente de El Salvador, Mauricio Funes, quien desde septiembre del 2016 vive en Nicaragua protegido por el dictador Daniel Ortega, será sometido a juicio.
Este jueves un tribunal de justicia de El Salvador ordenó que el expresidente Funes (2009-2014) enfrente un juicio por casos especiales de lavado de dinero y activos.
El exmandatario no sale de Nicaragua e incluso en el 2019 Ortega le regaló la nacionalidad nicaragüense, pese a que el prófugo de la justicia no cumplía con los requisitos de ley.
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La Fiscalía salvadoreña lo acusa de recibir una avioneta Beechcraft King Air 90, de una empresa guatemalteca, a cambio de favorecerla con la adjudicación de un contrato de construcción por más de US$ 8 millones.
De acuerdo a la acusación, Funes utilizó la aeronave entre marzo de 2013 y octubre de 2014 en diferentes viajes a Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Estados Unidos.
“No van a parar hasta verme preso”
El exmandatario político, tras enterarse de la noticia, reaccionó de inmediato a través de su cuenta de Twitter: “Estos de la Fiscalía no van a parar hasta verme preso, aunque tengan que recurrir a pruebas falsas o bien a testigos criteriados (beneficiados) que dicen lo que sea para incriminarme a cambio de beneficios procesales”, manifestó.
En julio de 2021, el expresidente salvadoreño, asilado en Nicaragua posteó en un tuit que viajó en la aeronave mencionada y por la que se le acusa, aunque aseguró que eso no lo convertía en el propietario.
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El exmandatario enfrenta varios procesos penales en su contra en diferentes tribunales de San Salvador y por los que ya se han girado órdenes de captura, a pesar de que se encuentra en Nicaragua.
Todos los casos están vinculados con el presunto uso de fondos públicos para destinos diferentes a los establecidos por la ley. El expresidente salvadoreño se ha declarado inocente y sostiene que los casos tienen motivaciones políticas.
El expresidente Funes no se ha presentado a ninguna diligencia y tampoco ha nombrado un defensor para que lleve su caso, por lo que ha sido declarado prófugo por la justicia de su país.
La audiencia en contra del político fue posible tras las reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa en noviembre de 2022, para que los procesos judiciales no se detuvieran cuando los acusados no estén presentes y con el fin de evitar la impunidad.
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