La noche de este miércoles 3 de mayo, en distintos municipios de Nicaragua decenas de personas fueron detenidas por efectivos policiales al servicio del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murilo, bajo procesos ilegales tachados de “mamarrachada jurídica” por defensores de derechos humanos.
Varias organizaciones denunciaron las detenciones a través de sus redes sociales. Una de ellas fue la Coalición Nicaragua Lucha. En su cuenta de Twitter, la organización expuso que “las personas detenidas arbitrariamente fueron acusadas sin debido proceso en audiencias secretas de madrugada y ‘liberados’ bajo una medida de presentación periódica”.
La Coalición Nicaragua Lucha demandó al Estado de Nicaragua “cesar de inmediato la persecución, a responder sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y establecer las garantías democráticas en el país”. Alegaron que seguirán denunciando estas violaciones y la impunidad, en la búsqueda de “justicia y convocando a la efectividad de la protección internacional”.
La Coalición #NicaraguaLucha denuncia que en una nueva ola de allanamientos ilegales y persecución, el Gob. de Ortega-Murillo detuvo arbitrariamente a decenas de personas defensoras de #DDHH, periodistas, lideres de mov.soc., mujeres, campesinos, indígenas y afrodescendientes.1🧵 pic.twitter.com/jBOYnJe2PO
— Somos Coalición #NicaraguaLucha (@_NicaraguaLucha) May 4, 2023
Organismos documentan detenciones
El abogado Danny Ramírez-Ayerdiz, quien es secretario ejecutivo del Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (Calidh), explica que la noche de este miércoles empezaron a documentar las aprehensiones tras recibir denuncias de la población.
“Desde que se empezaron a producir las detenciones nosotros empezamos a recibir información porque la gente nos escribe y empezamos a documentar al menos 10 detenciones, sobre todo ocurridas en Chontales y Jinotega. Después corroborando con la información de otros mecanismos y organizaciones llegamos a la conclusión que las detenciones son aproximadamente de 25 a 30”, indica.
El defensor de derechos humanos explica que “no hay un registro claro” debido a que el régimen Ortega-Murillo “detiene gente y después la sueltas». Además al ocurrir las aprehensiones en la noche, se desconoce el número de personas que habrían quedado detenidas y quienes habrían sido liberados o bajo condición de “detención domiciliaria”.
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El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más tampoco ha podido corroborar la cantidad exacta de detenidos, entre los que han documentado se encuentran periodistas, defensores de derechos humanos, activistas y opositores.
“Es probable que existan más detenciones. Entre los que hemos podido documentar está Harold Antonio Gonzáles Gonzáles, Mari Cruz Bermúdez, Antonio Arana, Teresa Mena, Carlos Hernández, Daniel Arguello, Octavio Ortega, Tamara Ruiz y el periodista William Aragón”, declaró a Nicaragua Investiga el abogado Braulio Abarca, mientro de esa organización.
Procesos irregulares
Danny Ramírez-Ayerdiz explica que legalmente no se puede detener a personas y dejarlas bajo medida cautelar de presentación periódica “porque no se pueden realizar audiencias en la madrugada” y que la única instancia que puede imponer medidas cautelares es el juzgado y estos funcionan en horas hábiles. Agrega que “nadie más puede dictar medidas cautelares».
“Estamos viendo una distorsión y un atropello absoluto de las reglas del Código Procesal Penal (CPP) porque a esa hora no hay jueces de turno, en la madrugada. Es muy probable que ese atropello haya sucedido, pero que lo haya dictado como una mamarrachada jurídica algún funcionario del gobierno como alguna autoridad policial o algo así”, alega Ramírez-Ayerdiz.
En esa misma línea, el abogado Braulio Abarca explica que obligar a las personas que han sido citadas para que vayan a firmar de manera continua a los juzgados, es “una arbitrariedad debido a que no han cometido ningún delito”.
“No han irrespetado ninguna norma constitucional o penal, lo cual representa a una violación al debido proceso. Hubo una cacería en todo el país, Corinto, Boaco, Juigalpa, Nueva Guinea, Diriá, Jinotega, Madriz, Nindirí, Rivas”, detalla el abogado.
En cuanto a las leyes y derechos violentados, Abarca señala que en primera instancia se viola la Constitución Política de la República que “prohíbe las detenciones arbitrarias”, además del Código Penal y Procesal Penal, pues “se transgreden los derechos procesales y penales de las víctimas, es decir, no existe el debido proceso, esto también representa violaciones al marco jurídico internacional”.
Venganza del régimen “perverso”
Por su parte, el secretario ejecutivo de Calidh dice estar sorprendido del “nivel de la redada y la ocasión en la que se produce”, dado que este miércoles era el Día de la Libertad de Prensa, razón por la que cree que el régimen lo hizo como “una forma de venganza”, precisamente por el reporte de un periodista preso.
“Es un gobierno muy perverso este, porque siempre escoge momentos donde se puede producir cierta conmemoración, por ejemplo, en abril, en la Semana Santa. Cerca del 18 se desató una ola de detenciones porque era la conmemoración de la crisis… lo hacen de una forma muy maquiavélica, muy perversa con el fin de hacer daño”, expone.
Ambos abogados concluyen que lamentablemente las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua siguen siendo sistemáticas y que continúa la represión en contra de periodistas y defensores de derechos, así como las libertades fundamentales de quienes levantan su voz.
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