Doce sacerdotes detenidos por motivos políticos fueron liberados este mes en Nicaragua y enviados al Vaticano. En Venezuela 6 opositores del gobierno de Nicolás Maduro también fueron liberados en octubre como parte de las negociaciones con la oposición y actores de la comunidad internacional.
En más de medio siglo de gobierno socialista en el poder en Cuba han ocurrido al menos 5 liberaciones masivas de personas detenidas y condenadas por razones políticas.
Sin embargo, en los tres países continúan personas detenidas por delitos asociados al disenso político. Entre los perfiles de estas personas presas en los tres países destacan los militares, las mujeres y los estudiantes.
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En un mapa interactivo publicado en el mes de septiembre pasado, el grupo Amnistía Internacional ubicó a Cuba, Venezuela y Nicaragua entre los países en los que se “revela violencia sancionada por el Estado contra quienes protestan en todo el mundo”.
“La protesta pacífica es un derecho, no un privilegio, y un derecho que los Estados tienen el deber de respetar, proteger y facilitar. Sin embargo, el derecho a la protesta está cada vez más amenazado, pues las autoridades usan fuerza ilegítima contra las personas en más de 85 países’, indicó Patrick Wilcken, investigador de Amnistía Internacional sobre Asuntos Militares, de Seguridad y Policiales.
Consultado por la Voz de América para este artículo, el jurista y analista político cubano Raudiel Peña, radicado en México, basa las similitudes entre los tres países en lo que cataloga como el proceder de «regímenes autocráticos», que de acuerdo con la definición, se distinguen por concentrar el poder en una sola figura, cuyas acciones y decisiones no están sujetas ni a restricciones legales externas, ni a mecanismos regulativos de control popular.
«Tanto Cuba, Nicaragua y Venezuela hoy son regímenes autocráticos. Por definición es común-y sobre eso hay suficiente evidencia histórica y actual- que (hay) presos políticos porque de alguna manera han pretendido cuestionar el poder o un régimen autocrático».
Cuba
El gobierno de Cuba, de ideología socialista, está en el poder desde la revolución de 1959 liderada entonces por el fallecido expresidente Fidel Castro. La Constitución cubana reconoce legalmente a un solo partido, el Comunista. Aunque por décadas han surgido partidos opositores, estos no son legales, ni tienen acceso a los medios en control de Estado.
«… Debemos decir aquí, de una vez y por todas, que no necesitamos más que un partido», dijo Fidel Castro durante un discurso en julio de 1988.
En mayo del 2021, la prensa oficial volvió a publicar el mismo discurso: «Lo digo para que se quiten las ilusiones los que creen que aquí vamos a empezar a permitir partidos de bolsillo, ¿para organizar a quién, a los contrarrevolucionarios, a los pro-yankis, a los burgueses? ¡No!, aquí hay un solo partido».
Así y todo, organizaciones opositoras y partidos políticos han intentado promover el cambio en la isla, entre ellas el Proyecto Varela o la iniciativa de ley liderada por el fallecido activista político Oswaldo Payá en 1998 y basada en un artículo de la Constitución de 1992 en virtud de la cual los ciudadanos podían proponer leyes si 10.000 electores registrados presentaban sus firmas a favor de la propuesta.
Existe no obstante un Registro de Asociaciones cubanas de la Sociedad Civil, que es parte de una iniciativa impulsada entre otros por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH). Este ente busca -de acuerdo con su descripción- suplir «lo que en una democracia sería una función del estado».
Este registro independiente y «no otorga personalidad jurídica a la organización inscrita», pero les permite publicitarse, homologarse, ganar en visibilidad política y pretende otorgar carácter cívico.
De acuerdo con las organizaciones Prisoners Defenders y Justicia 11J, en Cuba hay 1.052 personas encarceladas bajo acusaciones de delitos descritos como desacato, desórdenes públicos, atentado o sedición, de acuerdo con el código penal vigente.
Organizaciones de DDHH tanto en Cuba, Nicaragua como Venezuela consideran que en los tres países hay un sostenido deterioro de sus instituciones democráticas. Estos gobiernos, en cambio, consideran a sus opositores como personas contrarias a los intereses nacionales y «mercenarios» de potencias extranjeras como EEUU.
En Cuba, los poderes ejecutivo, judicial y electoral están bajo el control del Partido Comunista.
Hasta el mes de agosto, Prisoners Defender, una entidad de la sociedad civil independiente de Cuba basada en España, registró que de los 1.045 presos por motivos políticos, 115 son mujeres y 36 menores de 18 años.
Nicaragua y Venezuela vs. Cuba
Expertos consultados sostienen que existen diferencias entre los tres países en cuanto a la convivencia con opositores debido, en parte, a que son procesos políticos que surgen en situaciones históricas diferentes.
“La gran diferencia está en que Venezuela y Nicaragua vienen de contextos diferentes al cubano”, explica Peña. “El régimen autocrático cubano actual se deriva de una revolución …eliminó el pluripartidismo, ilegalizó toda la oposición política».
Peña agregó que «Nicaragua y Venezuela vienen de dos procesos diferentes: ahí no podemos hablar de dos revoluciones, en referencia a los gobiernos actuales”.
En la semana en que la VOA preparaba este reporte, la cubana Aniette González García -por ejemplo- fue presentada ante un tribunal en la ciudad central de Camagüey, acusada de violar el Artículo 269, Capítulo III del Código Penal, que refiere al “ultraje a los símbolos nacionales”.
El hecho concreto fue que González se cubrió el 23 de marzo de 2023 con la bandera cubana y se hizo fotos en la sala de su casa, apropiándose de una performance que vio en redes sociales en apoyo al artista y opositor encarcelado Luis Manuel Otero Alcántara.
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La vista oral de González se celebró el pasado 4 de octubre. La petición fiscal es de cuatro años de cárcel, lo cual fue confirmado vía telefónica por su hija, Aniette Ginestá, en conversación con la VOA.
Violencia contra la protesta
La protesta ha sido reprimida en los tres países con frecuencia.
El presidente Daniel Ortega de Nicaragua, por ejemplo, ha sido criticado por mantener lo que observadores llaman la estrategia de «la puerta giratoria», consistente en intercambiar a los presos políticos para «liberar la presión» sobre su gobierno, expuesto a las sanciones de la comunidad internacional por la violación de los derechos humanos y políticos en la nación centroamericana.
El gobierno nicaragüense ha liberado de forma masiva a presos políticos en al menos dos ocasiones. En junio de 2019 liberó a 50 prisioneros, entre ellos periodistas como Lucía Pineda Ubau, jefa de prensa del canal 100%Noticias y Miguel Mora, fundador de dicho medio. En febrero pasado liberó a 222 prisioneros políticos, los cuales fueron despojados de su nacionalidad y acogidos por Estados Unidos y otros países. Entre ellos habían exaspirantes presidenciales.
Sin embargo, la cruzada desde el gobierno se giró hacia la Iglesia, con la detención de varios sacerdotes y activistas jóvenes.
De acuerdo con el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, una oenegé nicaragüense, un total de 89 personas permanecían detenidas hasta agosto de 2023. En este grupo hay 16 mujeres y 73 hombres.
El abogado del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, Carlos Guadamuz, facilitó un recorrido a la VOA por una instalación que simula las condiciones en que se encuentran los prisioneros en Nicaragua e indicó que el “régimen de Daniel Ortega ha focalizado la represión contra sacerdotes y miembros de la Iglesia católica”.
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Guadamuz señala que además de las detenciones, el gobierno nicaragüense viola los derechos humanos de los prisioneros ya que “se asegura que no reciban citas médicas durante la tortura en el centro carcelario y esto está dirigido a deteriorar el estado físico” de los reos.
“En este tipo de celdas en Nicaragua, la Policía ejecuta el aislamiento, lo que viola las garantías que tienen las personas presas políticas a un abogado, a visitas familiares y supone una desaparición forzada porque no se tiene registro de la persona detenida”, señaló Guadamuz.
Aunque fueron liberados 12 sacerdotes, en Nicaragua sigue preso el obispo Rolando Álvarez, condenado a 26 años de prisión por traición a la patria, desacato de autoridades y emisión de noticias falsas.
“[En Nicaragua] se han acentuado serias violaciones de derechos humanos (…) “las detenciones son arbitrarias [y hay registros de] “torturas sexuales”, dijo Alberto Brunori, representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para América Central.
“Esos escenarios nos preocupan en Nicaragua”, dijo Brunori a la VOA. “Podemos ver un Estado de derecho muy débil donde las autoridades han coaptado el sistema judicial (…) Es de extrema preocupación”, concluyó.
Venezuela
Existen en Venezuela 273 detenidos por razones políticas, de los cuales 146 son militares y 16 mujeres, de acuerdo con la actualización de la cifra hasta el 12 de octubre de 2023 de la ONG Foro Penal, que lleva registros de esos casos y los defiende gratuitamente.
Según la organización, 136 de los presos políticos en Venezuela no tienen condena.
En agosto pasado, 6 dirigentes sociales identificados como sindicalistas por defensores de derechos humanos fueron condenados a 16 años de cárcel por participar en una presunta “conspiración” contra el gobierno de Nicolás Maduro.
A finales de ese mismo mes, policías detuvieron y torturaron, según denuncias de sus abogados, al joven universitario John Álvarez, también acusado de conspiración y asociación para delinquir.
Según un escrito de familiares, activistas y abogados del estudiante, Álvarez recibió “golpes con un bate cubierto con fundas, un jergón de cama también cubierto con fundas de tela, en las piernas, glúteos y espalda (…) con una puerta en la cabeza, así como descargas eléctricas en rodillas, costillas y testículos”.
Su abogado dijo que el joven había perdido la visión de un ojo por esas torturas.
Gonzalo Himiob, abogado y vicepresidente de Foro Penal, explica a la Voz de América que el grupo de presos políticos en Venezuela está conformado por civiles y militares que han sido percibidos como “personas incómodas” por el poder político.
Hay entre los detenidos quienes individualmente “representan un riesgo para la estabilidad del poder” en Venezuela; quienes integran un grupo particular al que “el poder le interese mantener bajo control”; y otros cuyos arrestos “permitan sustentar las verdades oficiales”, como las denuncias de intentos de desestabilización social, política o económica, precisa.
También, hay casos de personas extranjeras o con doble nacionalidad con cuyas detenciones “el poder” venezolano busca “forzar a otros Estados” a aceptar sus demandas en las negociaciones política con esos países, valora Himiob.
“Son una especie de rehenes”, dice tajantemente.
Ocurre en Venezuela lo mismo que en Cuba y Nicaragua, donde la justicia “es rezagada y sustituida por la politización de todo el Estado” para anteponer “las prerrogativas de las élites gubernamentales”, observa el politólogo Leandro Rodríguez Linárez.
El principal objetivo de las detenciones políticas es el amedrentamiento, según el analista. Las capturas en el estamento militar son clave en el caso venezolano, apunta.
*La Voz de América envió solicitud de comentarios a los gobiernos de los tres países, pero no recibió respuesta. Al momento de concluir este reporte Prisoners Defenders cifraba ya en 1.052 los presos por motivaciones políticas en Cuba para el cierre del mes de septiembre].
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