La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo avanza en la preparación de un férreo control sobre las plataformas digitales en Nicaragua. Las autoridades justifican la medida como una forma de proteger a los menores y combatir lo que denominan “anticultura”.
Durante un reciente panel encabezado por Enrique Quiñónez, voceros oficialistas arremetieron contra TikTok, Instagram y Facebook. “Ustedes saben que está siendo bombardeada la sociedad… a través de estas redes sociales jodidas: el TikTok, el Instagram y todas las barbaridades que consumen nuestros jóvenes”, afirmaron.
Los sandinistas propusieron incluso seguir el modelo chino, donde los influencers deben contar con un título profesional y solo pueden tratar temas relacionados con el “desarrollo social”. Esta postura revela la intención de imponer restricciones severas al contenido y a la libertad de expresión en internet.
Reacción de la juventud nicaragüense
Sectores juveniles dentro del país advierten que un bloqueo generalizado no sería aceptado sin resistencia. Comparan la posible medida con lo ocurrido en Nepal en septiembre de 2025, cuando el cierre de 26 plataformas digitales desató protestas masivas encabezadas por la Generación Z.
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Ante esta advertencia, la respuesta oficialista escaló en ese momento en tono amenazante. El cineasta sandinista Marcio Vargas, quien ha admitido su rol paramilitar, advirtió con “plomo” a los jóvenes que intenten replicar un levantamiento similar.
La estrategia legal del régimen
Analistas consideran que estas declaraciones no son improvisadas. El Ejecutivo ya cuenta con herramientas normativas como la Ley General de Telecomunicaciones Convergentes (Ley 1223), calificada por opositores como “Ley Mordaza 2.0”. Esta legislación fortalece el control estatal sobre el internet y establece sanciones para quienes se expresen libremente en redes.
Lo que comenzó como una preocupación expresada en términos familiares —un vocero admitió haber solicitado ayuda para restringir el acceso en su propio hogar— se ha convertido en un proyecto de censura estatal dirigido a cerrar las últimas vías de información y opinión independientes que aún permanecen abiertas en Nicaragua.
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