Desde el pasado 16 de mayo cuando se filtró información sobre el arresto de Francisco «Chico» López, extesorero de ALBANISA y ex administrador de los negocios de la familia Ortega Murillo, no se conocen mayores detalles del proceso que le siguen a nivel judicial.

Sin embargo, este lunes se supo que el otrora hombre de confianza de los Ortega-Murillo recibió una segunda embestida: le quitaron un grupo de empresas de su propiedad y despidieron a varios de sus familiares que en ellas ocupaban puestos clave.

El diario La Prensa confirmó la noticia citando fuentes internas vinculadas al partido Frente Sandinista.

Todas estas empresas conformaban «El Grupo López», que al parecer se vio ampliamente beneficiado de la cercanía de Francisco López con el poder y el enorme flujo de capital que le confiaban desde 2007, cuando Ortega retornó al poder.

Ortega protege sus negocios petroleros y expulsa a Francisco López de Albanisa

Auditorías e interrogatorios

De acuerdo con el diario La Prensa, interventores de la Procuraduría General de Justicia auditan tres empresas que estaban bajo la administracion de López. Se trata de Tecnología Electromagnética S. A TECNOSA, Viviendas Económicas de Nicaragua S.A VIENICSA y Agrotecnosa.

Las fuentes que hablaron con La Prensa dejaron claro que la red de empresas creadas por Francisco López puede ser mayor a la que se pensaba y la dictadura se esfuerza para descubrir todo.

Cabe destacar que este esquema de creación de tantas empresas es considerado sospechoso por expertos, que lo relacionan con actividades de lavado de dinero. López gestionó cerca de 5 mil millones de dólares que la familia Ortega-Murillo tomó de la cooperación venezolana para conformar sus negocios petroleros y de otros rubros.

¿Tocaron el patrimonio familiar?

La caída en desgracia de López está vinculada al parecer a que la pareja quería saber sobre el fin de unos bienes del partido que Bayardo Arce estaba administrando para ellos hace mucho tiempo atrás. La pregunta fue evadida por López.

Tanto Arce como López se encargaron de administrar coordinadamente bienes del Frente Sandinista a pedido de Ortega. Estos bienes se obtuvieron por medio de confiscaciones masivas y traspasos ilegales una vez que perdieron oficialmente las elecciones de 1990 e idearon la toma de estos para tener forma de sobrevivir al que entonces consideraban indeterminado tiempo como oposición.

Debido a que la familia Ortega-Murillo se adueñó del partido, los bienes del FSLN pasaron directamente a sus manos.