El pasado 3 de octubre la Cancillería nicaragüense comunicó a la Junta Directiva del Parlacen que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo denuncia el Tratado Constitutivo del parlamento regional y otros instrumentos políticos de integración. El escrito invoca el “ejercicio pleno de su soberanía”. La respuesta de los legisladores consultados es otra: esa denuncia no produce, por sí sola, la baja del país.
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La presidenta del Parlacen, la diputada guatemalteca Karla Gutiérrez, explicó a EFE que una eventual salida tiene que pasar por una evaluación política e institucional dentro del Sistema de la Integración Centroamericana. Ese trámite, dijo, exige la intervención de la Cumbre de Presidentes del bloque. En otras palabras, la carta de Managua abre un expediente; no cierra la membresía.
No pueden simplemente salir
El diputado guatemalteco Carlos Barreda fue más directo sobre el diseño del acuerdo fundacional. Según sus declaraciones a EFE, la redacción “prácticamente deja amarrados a los países” al Parlacen. Citó el caso de El Salvador, que en 2025 eliminó de su Constitución la norma ligada a la elección de representantes ante el organismo y, aun así, no concretó el retiro. “No se retira del Parlacen porque no puede”, afirmó.
El parlamento agrupa a Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. Costa Rica es el único país del istmo que nunca ingresó. El organismo nació como pieza de la arquitectura regional posterior a las guerras de los años setenta y ochenta, y emite resoluciones y dictámenes de carácter consultivo, sin fuerza vinculante para los Estados.
El anuncio nicaragüense reabre un debate que ya existía. Panamá intentó abandonar el Parlacen en 2009. En ese momento, dirigentes locales lo llamaron “cueva de ladrones”, en alusión al riesgo de que la inmunidad parlamentaria frenara investigaciones judiciales. El Salvador volvió a poner el tema sobre la mesa al quitar la base constitucional para elegir diputados. Gutiérrez y Barreda coinciden en que ni las reformas internas ni una comunicación diplomática bastan para saltarse el tratado vigente.
¿Qué pasará con el Protocolo de Tegucigalpa?
La discusión también deja al descubierto el estado del SICA, creado en diciembre de 1991 por el Protocolo de Tegucigalpa para consolidar la paz, la democracia y la integración después de las guerras civiles. De esa estructura forman parte el Banco Centroamericano de Integración Económica, la Secretaría de Integración Económica Centroamericana y los consejos de ministros regionales, entre otros órganos.
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Gutiérrez y Barreda leen la notificación de Managua como otra señal de parálisis. El bloque lleva años sin una secretaría ejecutiva plenamente operativa y la Corte Centroamericana de Justicia está desintegrada. A eso se suman desacuerdos por designaciones y la falta de consensos políticos entre los Estados. El régimen de Ortega y Murillo, además, enfrenta cuestionamientos internacionales por violaciones a los derechos humanos, la suspensión de procesos electorales y la persecución de opositores.
Barreda dejó una advertencia que va más allá del caso nicaragüense: si instituciones como el Parlacen no se reforman, “no tienen futuro”. La salida que Managua quiere ejecutar de un plumazo queda, por ahora, sujeta a un procedimiento que el propio sistema regional todavía no ha activado.
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