Los magistrados de Consejo Supremo Electoral (CSE) permanecen en sus cargos pese a que ya se vencieron desde el 10 de abril de 2019. Después de 15 meses no se han designado nuevos funcionarios, y los funcionarios actuales son leales a Daniel Ortega.
El abogado José Pallais considera que la permanencia indefinida o perpetua de cualquier funcionario público en los cargos estatales es antidemocrática. “Por eso es que los cargos en la República son ejercidos en periodos determinados constitucionales», aclara.
«Vencido el periodo tiene que proceder a la renovación del cargo a través de los procedimientos democráticos por las autoridades competentes que deben ser electas”, destacó Pallais vía telefónica a Nicaragua Investiga.
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A su juicio, en el caso de Nicaragua la legitimidad se ha perdido tanto en la Asamblea Nacional como los diferentes poderes del Estado por la reforma a la Constitución Política de Nicaragua, que se efectuó en el año 2014.
Agrega que se buscó la forma de cómo romper con la obligación de la rotación a través de periodos estrictos, facilitándole a una persona que permanezca en el cargo formándose “pequeñas monarquías”.
“Poderes del Estado tan importantes como el CSE (es sustancial) para buscar una salida cívica y democrática de la crisis del país, esto es más grave aún porque no solo carecen de legitimidad, sino que no tienen el reconocimiento nacional e internacional de ser magistrados con la capacidad, los méritos profesionales, éticos y morales para dirigir un proceso electoral”, manifestó Pallais.
Reformas a la Constitución Política a beneficio de los funcionarios públicos
En el año 2014 la Constitución Política fue reformada por el mandatario Daniel Ortega. El artículo 130 de la Carta Magna fue uno de los que se reformó para otorgar periodos indefinidos a funcionarios en las instancias públicas.
“Los funcionarios electos por la Asamblea Nacional continuarán en el ejercicio de su cargo, después del vencimiento de su mandato para el que fueron electos, hasta que sean elegidos y tomen posesión quienes deban sustituirlos de conformidad a la Constitución Política”, dice el segundo párrafo del artículo 130.
Pero el artículo 9 de la Ley 331 (Ley Electoral), establece que “los Magistrados del Consejo Supremo Electoral ejercerán su función durante un período de cinco años a partir de su toma de posesión. Dentro de este período gozan de inmunidad”.
Bonifacio Miranda experto en temas constitucionales, asegura que la reforma a este artículo fue para acabar con las crisis que existía en la Asamblea Nacional cuando los diputados de las diferentes bancadas no se ponían de acuerdo para elegir a un magistrado.
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Miranda asegura que no se trata de un asunto legal, sino político. Aunque los “magistrados siguen en el cargo porque la Constitución así lo ordena hasta cuando tenga el sustituto pueden entregarlo”, pero se trata de extender periodos que los funcionarios sandinistas permanezcan dentro del CSE.
“Lo que está haciendo la dictadura es conteniendo la respiración para que todos los magistrados que vaya a ser electos sean elegidos por la Asamblea Nacional uno o dos meses antes de que termine el periodo de este gobierno y de la Asamblea Nacional, de tal manera que los nuevos magistrados quedarían electos del Frente Sandinista para nuevos gobiernos que podrían surgir en las elecciones de 2021”, asegura Mirada como una forma de elegir los cargos.
Bonifacio Mirada, experto constitucionalista
Detalla que no eligen a los magistrados como corresponde porque tendrían que utilizar el principio de proporcionalidad que está incluido en la Constitución Política y tendrían que escoger a los diferentes sectores de la oposición para la sustitución de los magistrados.
El principio de proporcionalidad está establecido en el artículo 131 de la Constitución Política. Dicho artículo señala que los diputados ante la Asamblea Nacional, diputados al Parlamento Centroamericano, Concejales Municipales, Concejales Regionales, las listas de candidatos deberían estar integrados por un cincuenta por ciento de hombres y un cincuenta por ciento de mujeres, ordenados de forma equitativa y presentada de forma alterna.
El pésimo trabajo de los magistrados
Roberto Courtney Director Ejecutivo de Ética y Transparencia (EyT) expresó vía telefónica a Nicaragua Investiga que lo más crítico que tiene el CSE y los magistrados es la pésima función de su cargo.
“Lo peor que tiene el CSE y los magistrados es su pésimo desempeño, su completa sumisión a un partido político, lo peor posible de todos los pecados que puede tener un juez”, criticó Courtney.
De acuerdo a su opinión, los magistrados están para arbitrar disputas y no para reproducirlas. “Son personas que no deberían de estar de un lado u otro, sino que abordar los asuntos con independencia y neutralidad”, agrega el experto.
Asegura que la mayoría de los magistrados son electos por el partido de gobierno y que fueron elegidos mediante el voto de los diputados de la alianza del partido sandinista.
“No hay un solo magistrado que no tenga un origen diferente a ese”, indica como parte de alindamiento que obedecen al sandinismo.
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Agrega que esto es un pecado de “forma y origen donde en la práctica han tutelado fraudes electorales por los últimos diez años buena parte de ellos, y por los últimos dos o tres procesos electorales la totalidad de ellos, ese es el problema”, dice Courtney.
De acuerdo a la opinión del Director Ejecutivo de EyT, la duración al cargo es un problema menor, pues los cargos de elección popular son los que deben de tener límites. Mientras que los cargos de nombramientos son diferentes y la duración se basan si el desempeño ha sido correcto pueden continuar, pero en este caso hay “vaivenes políticos”.
El CSE está conformado por siete magistrados propietarios y tres suplentes, según la Constitución Política de Nicaragua.
La mayoría de estos funcionarios son del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y dos suplentes del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), ninguno ha cedido ni se conocen sustitutos para su reemplazo.
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