La Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), en un comunicado emitido este jueves rechaza a designados por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) para las comisiones dentro de la Coalición Nacional, además pide que resuelvan su litis interna para no afectar a la agrupación opositora.
Es por eso que la UNAB detalla que piden » resolver la disputa por la legitimidad de los órganos directivos del Partido Liberal Constitucionalista, el que ha sido objeto de un reclamo de un sector del partido ante el Consejo Supremo Electoral. Esa Litis pone a la Coalición en mucho riesgo, pues coloca la decisión de dirimir en manos de los aparatos de la dictadura», señalan.
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Por tanto la Unidad Nacional pide que los dirigentes superen los conflictos de impasse resolviendo sus problemas internos lo más pronto posible.
«Asimismo, el PLC no puede pretender incluir en la Coalición a personas que no gozan de aceptación social porque han sido señaladas de actos de corrupción», subraya el comunicado.
«PLC no puede pretender incluir en la Coalición a personas que no gozan de aceptación social porque han sido señaladas de actos de corrupción», subraya el comunicado.
La UNAB expresa que es por ello que todas las agrupaciones que conforman la Coalición Nacional deben apegarse a los principios «que reflejen las aspiraciones del pueblo nicaragüense», lo que implica una renovación del sistema político «que incluye continuar presionando por la creación de una nueva e independiente casilla para la Coalición Nacional».
Otra de las demandas de la agrupación opositora al Gobierno de Daniel Ortega es «la continuidad y el fortalecimiento de la lucha cívica para salir de la dictadura y restablecer los derechos de las y los nicaragüenses».
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Además la UNAB pide que dentro de la Coalición Nacional se regrese el modelo original de una agrupación con valores internos, » donde ningún bloque partidario tenga hegemonía.
También señalan que en Nicaragua no es correcto que se pretenda aceptar «bipartidismo producido por el repudiado pacto con el dictador Daniel Ortega. Ni mantener funcionarios dentro de la administración de la dictadura».
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