Los exaliados del FSLN que hoy se encuentran en la oposición

Algunos personajes que hoy gozan de respeto y admiración, ocuparon cargos diplomáticos durante el gobierno sandinista de la década de los 80s

Dentro de la oposición nicaragüense hay diversas organizaciones que se señalan mutuamente de haber sido aliados o «cómplices» de Daniel Ortega durante los años 80 y tras su retorno al poder en el año 2007. Sin embargo la mayoría de estos actores en su momento mantuvieron alianzas con el mandatario sandinista, o bien fueron sus funcionarios durante sus gobiernos. Algunos comparten sus orígenes, otros compartieron sus intereses económicos y los demás sus intereses políticos.

Algunos personajes que hoy gozan de respeto y admiración, ocuparon cargos diplomáticos durante el gobierno sandinista de la década de los 80s, como el Dr. Carlos Tünnerman, quien fungió como Embajador de Nicaragua ante los Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos entre los años 1984 y 1988,  durante el primer periodo de Daniel Ortega como presidente; y antes de eso fue Ministro de Educación desde 1979 hasta 1984 durante el primer gobierno sandinista de la época.

Hoy Tünnerman es opositor a Daniel Ortega y es Coordinador General de la Alianza Cívica que aglutina a otros actores que también tuvieron relación en su momento con el mandatario sandinista, como José Adán Aguerri, ex presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada.

Matrimonio: Gobierno y sector privado

José Adán Aguerri solía sentarse al lado de Daniel Ortega en algunos eventos públicos antes del estallido de la crisis política en 2018, y fue el promotor del llamado modelo de diálogo y consenso que mantuvo la empresa privada con el gobierno durante más de 10 años, mismo periodo en que Aguerri ostentó el cargo de presidente en el COSEP.

Las reformas al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social que impulsó Ortega en 2018, sin consensuarlas con la empresa privada, fisuraron la buena relación que había entre los empresarios y el gobierno. Según una nota de prensa del COSEP publicada el 17 de abril del 2018, «el proceso seguido ante las reformas al INSS representan para el sector privado una señal política sobre temas económicos que provocan desconfianza, y cuestionan la continuidad del modelo de diálogo y consenso constitucional vigente».

«Por nuestra parte creemos y estamos convencidos que el diálogo y el consenso son el mecanismo que permitirá que nuestro país alcance su desarrollo económico y garantice la cohesión social y política necesaria para contribuir a una Nicaragua más próspera y democrática», se lee en la nota de prensa, pero un día después, la represión estatal con la que respondió Ortega a las protestas sociales terminaron por fracturar el modelo económico que tenía el gobierno con la empresa privada.

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Después del 18 de abril, a muchos empresarios y al mismo José Adán Aguerri se les escuchó reconocer que el modelo de diálogo y consenso había sido un error. Hasta la ex embajadora de los Estados Unidos en Nicaragua, Laura Dogu, criticó el modelo durante su discurso de despedida en octubre de 2018, en un evento de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua.

«La comunidad empresarial me decía con frecuencia que podían sacrificar algunos de estos derechos fundamentales porque Nicaragua no estaba en guerra, ni sufría la violencia de los países del triángulo norte. La comunidad empresarial valoraba más la estabilidad que la sostenibilidad.  Creían que el crecimiento económico traería oportunidades» dijo Dogu.

Daniel participa en Conferencia Business Future of the Americas 2017 / Foto: Presidencia

José Adán Aguerri respondió a este tipo de señalamientos casi dos años más tarde, en una carta pública difundida a través de sus redes sociales en donde asegura que «a pesar de la narrativa de que el COSEP sacrificó institucionalidad por rentabilidad, durante todo este periodo se luchó y se defendió la institucionalidad del país».

«También como institución cometimos errores a los cuales ya me he referido públicamente y sobre los que como organización, continuamos comprometidos en ser mejores día a día (…) en lo personal fui señalado de cómplice, de colaboracionista, de ser parte de las violaciones de derechos humanos que se estaban dando. Enfrenté situaciones públicas complicadas donde nunca dejé de dar la cara” escribió Aguerri en su carta.

Los desertores sandinistas

De igual manera, dentro de la oposición se encuentran desertores del Frente Sandinista, la mayoría de ellos aglomerados en el Movimiento Renovador Sandinista que forma parte de la  Unidad Nacional Azul y Blanco.

Según el Manifiesto de la UNAB, el Frente Amplio por la Democracia del cual el MRS es integrante, es uno de los miembros fundadores de esa organización política nacida en octubre del 2018. Los dirigentes del MRS suelen ser fuertemente cuestionados por su  presunta participación en «La Piñata» de los años 80s, así como en varias de las acciones que se cuestionan a la primera administración Ortega en esa década.

Tras el triunfo de la Revolución Sandinista en 1979, el nuevo gobierno confiscó las propiedades del dictador Anastasio Somoza Debayle y las de sus allegados, pero nunca pasaron a nombre del Estado, sino que fueron asignadas a funcionarios gubernamentales. Entre los bienes confiscados había casas, vehículos, terrenos y otra serie de artículos.

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Cuando Daniel Ortega perdió la presidencia en 1990, los sandinistas aprobaron un combo de leyes que establecían que todas las propiedades pasarían a nombre de quienes las estuvieran ocupando hasta el 25 de febrero de 1990, día en que se llevó a cabo la contienda electoral. Cuando Violeta Barrios asumió el poder, muchos dueños de propiedades regresaron al país para reclamarlas al Estado pero para no entrar en contradicción con el FSLN, el gobierno de Barrios decidió indemnizar a los confiscados.

La deuda del Estado con los expropiados asciende a 1,300 millones de córdobas y hasta esta fecha, los nicaragüenses siguen pagándola con sus impuestos.

Tras la salida del FSLN del poder en 1990, muchos cuadros sandinistas y ex funcionarios gubernamentales rompieron con ese partido por diversos motivos, pero conservaron las propiedades que les dejó la revolución. Varios de esos exfuncionarios fundaron el Movimiento Renovador Sandinista que hoy se opone a Daniel Ortega y forma parte de la UNAB.

Recientemente, la diputada liberal María Fernanda Flores dijo que en la Coalición Nacional «hay gente en grandes puestos de liderazgo dentro de la Coalición que por sus venas corre sangre de muchos que asesinaron y mandaron a los jóvenes en la década de los 80s al servicio militar, ahí hay hijos de tenientes coroneles señalando, ahí hay gente que todavía no han pedido perdón por vivir en casas robadas», en clara alusión a los desertores sandinistas.

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Después de las declaraciones de Flores, la ex ministra de salud en la década de los 80s y hoy dirigente del MRS, Dora María Téllez, dijo en una entrevista a Canal 10 que «no se puede estar acusando si no hay evidencia concreta» y retó a sus detractores a mostrarle pruebas de que ella ostenta propiedades confiscadas.

El Movimiento Renovador Sandinista se conformó tras una división de sus dirigentes con Daniel Ortega, luego que éste perdiera en reiteradas ocasiones los comicios generales. Cortesía

Partidos políticos con «historia turbia»

La principal razón por la cual las organizaciones de sociedad civil necesitan a los partidos políticos dentro de la fuerza de oposición que pretenden conformar, es la posibilidad de una casilla y personalidad jurídica para participar en elecciones a como lo establece la ley, pero para algunos estas herramientas carecen de valor por la manera en que fueron obtenidas o por el pasado de los mismos partidos, además del capital político con el que cuentan las otras organizaciones.

Monseñor Silvio Báez, dijo en julio en una entrevista con el diario La Prensa que «yo no veo una casilla actual que no tenga una historia turbia. No veo casilla actual que esté segura para unas futuras elecciones». Los tres partidos políticos con personería jurídica que se encuentran en la CN, tienen una «historia turbia» con el FSLN.

El partido indígena YÁTAMA también tiene su historial al lado del FSLN. Este partido participó en las elecciones presidenciales de 2006 y 2011 en la Alianza Unida, Nicaragua Triunfa que encabeza el Frente Sandinista.

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YATAMA salió de la Alianza Unida, Nicaragua Triunfa debido a la ruptura del FSLN con su líder y actual diputado en la Asamblea Nacional Brooklyn Rivera, en marzo de 2014, cuando acusó a los sandinistas de haber cometido fraude electoral en las elecciones regionales de ese año.

Posteriormente, Rivera fue desaforado y destituido del parlamento en septiembre del 2015 con 62 votos a favor. En esa ocasión, Edwin Castro presentó 16 acusaciones de venta ilegal de propiedades en la Costa Caribe Norte en contra de Rivera. En su momento, el diputado  miskitu consideró esta acción como una «pasada de cuentas» por su ruptura con el partido de Daniel Ortega.

YATAMA salió de la Alianza Unida, Nicaragua Triunfa debido a la ruptura del FSLN con su líder y actual diputado en la Asamblea Nacional Brooklyn Rivera, en marzo de 2014. Foto: Archivo/NI

PRD y la casilla del MRS

El Partido Restauración Democrática y su presidente, el reverendo Saturnino Cerrato aseguran no ser una organización «zancudo», aunque muchos han cuestionado la manera en que este partido obtuvo su personería jurídica y su casilla. El 03 de mayo de 2017, el Consejo Supremo Electoral controlado por Daniel Ortega otorgó la personalidad jurídica al PRD y al partido CxL.

Al PRD se le asignó la Casilla 14 que le pertenecía al MRS y que se encontraba en litigio después de que el CSE le quitara la personería jurídica en 2008 a los desertores sandinistas. En aquel entonces, la expresidenta del MRS Ana Margarita Vijil, valoró como «una decisión política más» de Daniel Ortega para perjudicar a los opositores del gobierno.

Para Cerrato, el hecho de que el CSE le haya asignado la casilla del MRS no representó ningún problema, la recibió sin objeciones y participó con ella en los comicios municipales del 2017, que fueron fuertemente cuestionados por su falta de legitimidad.

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El informe final de la misión de observación electoral de la OEA registró denuncias de alteración de los resultados de los comicios en los municipios de San José de Bocay (Jinotega), El Coral (Chontales), El Jicaral (León), Rancho Grande (Matagalpa), San Pedro de Lóvago (Chontales) y San Miguelito (Río San Juan).

Al PRD se le asignó la Casilla 14 que le pertenecía al MRS y que se encontraba en litigio después de que el CSE le quitara la personería jurídica en 2008 a los desertores sandinistas. Foto: Archivo NI

El documento también detalla que “algunas de las quejas presentadas” tienen “méritos suficientes” para dudar sobre los resultados oficiales, por lo que la misión valoró que “de haber prosperado una investigación sobre la alteración de los resultados, podrían haber terminado siendo modificados”, pero no hubo investigación y todos los partidos finalmente reconocieron los resultados.

Por otro lado, Miguel Mora que hoy es delegado del PRD ante la Coalición Nacional, hasta antes de abril del 2018 se declaraba como sandinista e incluso desde su programa IV Poder defendía algunas políticas gubernamentales y mantuvo una amistad bastante cercana con el comentarista político Moisés Absalón Pastora. En una carta pública anunciando su incursión formal a la política, Mora pidió perdón por el apoyo a Ortega, que entonces calificó como «un error».

Arnoldo y Daniel, los eternos caudillos 

El Partido Liberal Constitucionalista es uno de los que despierta más polémica por su reconocido pacto con el FSLN que llevó a Ortega al poder por mantener actualmente el bipartidismo en el Estado.

El pacto FSLN – PLC fue un acuerdo político que se cocinó a inicios de la década del 2000 entre los caudillos Daniel Ortega y Arnoldo Alemán para bajar el porcentaje de votos con el que se podía ser electo presidente y evitar una segunda vuelta, además de la repartición de los Poderes del Estado. Ortega llegó a la presidencia en 2007 gracias al pacto y a la división de los liberales.

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Hay quienes han señalado al PLC de continuar aliado con el FSLN y mantener vigente el pacto con los sandinistas, además de que Arnoldo Alemán continúa siendo quien toma las decisiones del partido. El presidente designado por el mismo Alemán, Miguel Rosales, asegura que el pacto «ha quedado atrás porque hoy estamos viviendo un nuevo liberalismo».

«Nos estamos reivindicando con los nicaragüenses, con la patria» alega el diputado del PLC, quien hoy también forma parte de la Coalición Nacional.

Arnoldo Alemán es señalado de controlar el PLC y de haber pactado con Daniel Ortega. Foto: Jeyner Andrés Potosme/Nicaragua Investiga

Ciudadanos por la Libertad

Y finalmente uno de los partidos políticos que se ha rehusado a unirse a la Coalición Nacional, señalando al resto de ser «aliados al FSLN» es Ciudadanos por la Libertad (CxL). Este partido también recibió personería jurídica para participar en unos cuestionados comicios municipales de 2017, al igual que al PRD a quien Kitty Monterrey, critica.

Sin embargo Monterrey ha negado enfáticamente que eso la vuelva cómplice de Ortega, pese a que el Poder Electoral es controlado por el oficialismo, según opositores.

Carmella María Rogers Amburn Monterrey, conocida como Kitty Monterrey ha sido una de las voces más críticas contra la oposición conformada en la Coalición Nacional.

«Me parece indecente quienes nos hacen ese cuestionamiento porque quienes nos cuestionan quieren un personería del Consejo Supremo Electoral. Y si ese CSE les otorga una personería al CSE lo reciben», señaló Monterrey en una entrevista al diario digital Artículo 66.

«Nosotros somos un partido nuevo sin recursos y por tanto no hay nada negativo en contra nuestra. Este nombre apenas tiene cuatro años de existencia. Me preocuparía que la Alianza Cívica que si han invertido una gran cantidad en darse a conocer y no suman el 7% de apoyo según la última encuesta de Cid Gallup», agregó Monterrey.

Para muchos analistas políticos el reto de la oposición ahora es demostrar que realmente dejaron su pasado atrás y que están dispuestos al interés supremo de la nación, en lugar de movilizarse por intereses económicos y personales.

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