Ortega se prepara para elecciones de 2021: Estas han sido las fichas que ha movido de entrada

Dos leyes y una movida en el Poder Electoral calientan el panorama político en Nicaragua

A poco más de un año para los comicios presidenciales del 2021, Daniel Ortega ya está preparando sus herramientas para reprimir a la oposición y dificultarle su participación en el proceso electoral. En las últimas semanas se han conocido al menos tres de esas armas con las que cuenta Ortega para decapitar políticamente a quienes se oponen al FSLN.

Para el analista político y ex canciller de Nicaragua, Francisco Aguirre Sacasa, «pareciera que el gobierno está pretendiendo apretarle las tuercas a la oposición aunque ninguna de estas medidas tenga que ver con temas electorales propiamente».

El pasado mes de julio, el Consejo Supremo Electoral resolvió «ampliar el plazo para la obtención de personalidad jurídica hasta cumplirse todos los requisitos en un máximo de 5 meses antes del día en que se celebren las próximas elecciones de autoridades nacionales el 7 de noviembre de 2021», lo cual para Sacasa no es un hecho aislado de las presiones que mantiene Ortega sobre la oposición.

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El ex canciller cree que la estrategia de Daniel Ortega es prepararse para retomar una eventual negociación con la comunidad internacional y la oposición el próximo año antes de mayo. «Lo que no tengo claro es con quién en la oposición va a negociar porque hay mucha división» en los grupos opositores, lo cual sería aprovechado por Ortega porque podrá escoger para negociar con la agrupación más débil.

Debido al panorama electoral del siguiente año, es probable que la negociación que supone Sacasa sea alrededor de las reformas electorales, las cuales una parte de la oposición tiene consensuadas pero no ha aclarado la manera en que serán promovidas para que Ortega acepte implementarlas.

Las elecciones de Estados Unidos son clave para Ortega, según el excanciller Francisco Aguirre Sacasa.

Las elecciones en los Estados Unidos también son decisivas para los planes de Ortega, comenta Sacasa, pues una vez que se sepa quién tomara la presidencia en ese país la correlación de fuerzas podría cambiar a favor del mandatario sandinista.

¿La oposición nicaragüense parecida a la de Venezuela?

Pero mientras llega ese momento, Ortega presiona a la oposición para que se vea obligada a negociar en condiciones que no le favorezcan y tendrá herramientas que podrá ceder para demostrar a la comunidad internacional que tiene voluntad de encontrar un acuerdo y obtener resultados a su favor.

Ortega ha demostrado que además de la represión policial tiene otras armas e instituciones con las cuales presionar a la oposición para llegar a esa negociación.

 

Presión fiscal

Una de las armas que ya utiliza Daniel Ortega es la Dirección General de Impuestos para obligar a opositores dueños de empresas a que paguen grandes sumas de dinero, denunció Juan Sebastián Chamorro, miembro de la opositora Alianza Cívica.

A Victoria Cárdenas, esposa de Chamorro, se le giró orden de captura al igual que a su madre Victoria Lacayo y su hermana Gabriela Cárdenas, propietarias de inmobiliaria Intermezzo del Bosque y que según la DGI debe 9 millones 478 mil córdobas al fisco.

Empresarios denuncian cobros excesivos y multas arbitrarias

«Es absolutamente falso que la sociedad haya tenido ingresos de 325 millones de córdobas entre 2017 y 2019 (…) este reparo es absurdo tomando en cuenta que los lotes se vendieron ya hace más de 13 años. Se trata de un cobro expropiatorio por falsos ingresos» alegó Cárdenas en un video divulgado en redes sociales.

«Empresarios han caído presos por supuestas deudas con el Estado, son decenas de casos de empresarios y empresas que han tenido que pagar millonarias sumas de dinero.Los afectados no han querido hacer la denuncia por temor a represalias. Cada quien es dueño de su propio miedo. En este terrorismo fiscal está detrás una red de abogados supuestamente privados en alianza con funcionarios de la Alcaldía de Managua» detalló Chamorro en un escrito compartido por él mismo.

La presión fiscal no es dirigida solamente contra opositores, sino también contra medios de comunicación. El empresario Mariano Valle, propietario de Canal 12 y el político Miguel Mora, propietario de 100% Noticias también han denunciado ser objetos de cobros excesivos en concepto de impuestos.

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Valle alega no deberle un solo córdoba a la DGI que lo acusa de no declarar los ingresos reales que tuvo su canal entre 2011 y 2013. El representante legal de Canal 12, Tony López presentó un recurso de oposición al embargo ante la autoridad judicial y ahora Valle está a la espera de cómo procederán el gobierno de Ortega y sus instituciones.

En el caso de Mora, el político denunció que a pesar de que su canal fue confiscado en diciembre de 2018, la DGI le notificó que debe pagar la suma de 7,890,538 millones de córdobas en concepto de impuestos, e incluso el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social le hizo un cobro de 75,952 córdobas que correspondería al periodo de diciembre del 2018 a septiembre del 2020, pese a que el canal no ha funcionado desde que fue confiscado y sus trabajadores no continuaron colaborando con esa empresa.

Una situación similar vive Canal 10, el medio televisivo de mayor alcance en el país y que fue notificado de una supuesta deuda de 110 millones de córdobas también en concepto de impuestos.

La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social dijo a inicios de septiembre que muchos empresarios han expresado que son víctimas de «cobros excesivos y multas arbitrarias» por parte de las autoridades municipales sin ningún tipo de sustento legal.  Se contabilizan un aproximado de 300 empresas.

«El gobierno es un cuello de botella para las operaciones económicas en este país (…) la presión viene de distintas formas y de distintas partes» detalla FUNIDES, y registra un aumento de las amenazas y auditorias a partir del mes de marzo del 2020, justo cuando se reportó el primer caso de COVID19 en el país.

Cadena Perpetua

La vicepresidenta Rosario Murillo informó el pasado 14 de septiembre que el Ejecutivo orientó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) proponer una reforma a las leyes para que se penalice con cadena perpetua a quienes cometan «crímenes de odio», y aunque hizo alusión al caso de dos niñas asesinadas en Mulukukú, no especificó cuáles delitos serán tipificados como crímenes de odio.

Un día después en discurso público, Daniel Ortega confirmó que cadena perpetua estaría encaminada a contener a los opositores de su gobierno a quienes calificó como «delincuentes» y «serviles del imperialismo».

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«Se sienten intocables porque se les dio una amnistía, fíjense bien, bueno ya se les dio la oportunidad una amnistía, pero ya no habrá otra amnistía», dijo Ortega. Este mismo discurso repitió el presidente de la Asamblea Nacional Gustavo Porras en una entrevista con Roberto Mora del oficialista Canal 4.

“Treinta años (Pena máxima en Nicaragua) es una pena muy baja para estos crímenes o estas personas, psicópatas que odian y que probablemente hay un alto riesgo de que vuelvan a cometer crímenes” detalló el legislador sandinista, reforzando la idea de que la cadena perpetua será utilizada para perseguir a los opositores.

De hecho el gobierno de Ortega ya ha empezado a recoger firmas para promover la cadena perpetua según dijo Rosario Murillo el 23 de septiembre. Hasta esa fecha, al menos 650 mil personas habían firmado a favor de la cadena perpetua, de acuerdo a las cifras que brindó la primera dama.

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Ley de agentes extranjeros

Pero el arma más letal es la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros que el oficialismo pretende aprobar en la Asamblea Nacional. De acuerdo con juristas consultados, esta iniciativa de ley violenta principios Constitucionales como la prohibición de confiscación de bienes o la presunción de inocencia.

El jurista opositor José Pallais considera que esta ley «es demasiado amplia» por lo que no solamente perjudicará a las organizaciones opositoras, si no a todas aquellas que operan con fondos provenientes del extranjero y que no participan en política.

La iniciativa de ley establece que serán considerados como «Agentes Extranjeros» todas las personas que perciban fondos de organismos o gobiernos del exterior, ya sea en concepto de salario, donaciones, becas, financiamiento u otros.

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El otro derecho que violenta esta ley y que significaría el punto esencial para dinamitar las pretensiones de la oposición de llegar al poder, es que ningún nicaragüense calificado como agente extranjero podrá aspirar a cargos de elección popular.

Dentro de las organizaciones civiles opositoras como la Alianza Cívica o la Unidad Nacional Azul y Blanco existen organizaciones no gubernamentales que operan con fondos de la cooperación nacional o financiamiento externo, por lo cual serán consideradas como agentes extranjeros.

Políticos que reciban dinero del exterior no podrán aspirar a cargos públicos según la ley.

Pero este artículo de la iniciativa de ley iría en contra de lo establecido en la Constitución, que tiene mayor peso que cualquier ley, decreto o resolución. En la Carta Magna está indicado que todos los nicaragüenses pueden ser electos para cargos públicos. «Las prohibiciones para ser candidato solamente pueden establecerse en la Constitución, no pueden estar establecidas en una ley ordinaria», explica Pallais.

En ninguna parte del artículo 147 de la Constitución Política dice que un nicaragüense que perciba fondos del extranjero, no puede ser candidato a presidente o vicepresidente, y lo mismo en el artículo 134, que se refiere a los requisitos y prohibiciones para optar a diputaciones en la Asamblea Nacional.

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La diputada liberal Azucena Castillo, considera que esta ley se trata de hacer lo mismo que los sandinista hicieron en 1989 – 1990, «para controlar la campaña» electoral de la oposición en aquel momento, cuando Daniel Ortega perdió el poder contra Violeta Barrios.

A criterio de Castillo, es claro que Daniel Ortega se está preparando para cortar un posible flujo de recursos por parte de la comunidad internacional para los grupos opositores de cara a la consolidación de la unidad para las elecciones del 2021.

Para que esta ley pueda ser aprobada y ejecutada primero tiene que ser reformada la Carta Magna, pues de lo contrario sería una ley inconstitucional.

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