Empresarios denuncian cobros excesivos y multas arbitrarias

La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social FUNIDES determinó que los empresarios, al menos los del sector comercio, han expresado que son víctimas de «cobros excesivos y multas arbitrarias» por parte de las autoridades municipales sin ningún tipo de sustento legal.

FUNIDES también indica que las empresas reportan complicaciones como la arbitrariedad, las constantes auditorias de las alcaldías y la lenta burocracia gubernamental, además del alto costo de la energía eléctrica. Por si fuera poco, los empresarios también temen una nueva reforma fiscal en lo que resta del 2020 o bien para el próximo año.

El organismo reporta que los empresarios también tienen complicaciones con la Dirección General de Aduanas porque se está aplicando dudas de valor de los productos que importan con el fin de aplicar más impuestos, sumado a eso denuncian atrasos con los trámites, lo cual perjudica el funcionamiento de sus negocios.

«El gobierno es un cuello de botella para las operaciones económicas en este país (…) la presión viene de distintas formas y de distintas partes» detalla FUNIDES, y registra un aumento de las amenazas y auditorias a partir del mes de marzo del 2020, justo cuando se reportó el primer caso de COVID19 en el país.

Varias empresas denunciaron ante FUNIDES haber recibido órdenes de reparo fiscal el último año. Foto: Nicaragua Investiga.
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Lo único que le queda a las empresas es recurrir de amparo ante la autoridad judicial, pero usualmente no se dan a lugar explican los expertos de FUNIDES.

El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Adán Aguerri hizo un llamado el pasado 27 de agosto al gobierno de Daniel Ortega para que aplique una moratoria en los próximos seis meses y que no se cobren multas, ni recargos a las empresas.

«En una situación donde las empresas están agobiadas, donde se cayó la generación de ingresos, donde se cayó la demanda, en vez de ayudar no solo te cobro, sino que te pongo multas y recargos» dijo Aguerri en esa ocasión.

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De igual manera, el presidente del COSEP criticó el hecho de que si las autoridades municipales envían un reparo (orden de pago de impuestos atrasados o no declarados), y el afectado introduce un recurso de revisión ante el tribunal de apelaciones, inmediatamente les llega una notificación penal.

“Prácticamente te dejan sin la opción de utilizar los procesos que la ley te permite para defenderte como contribuyente, como empresario, y lo que esto obliga es que esa persona para no ser apresada pues tiene que pagar”, dijo Aguerri.

Empresarios no denuncian por temor a represalias

Recientemente se conoció el caso de las empresarias Victoria Cárdenas, Victoria Lacayo y Gabriela Cárdenas, en contra de quienes se emitió una orden de captura por supuestamente deber 9 millones 478 mil córdobas a la Comuna capitalina. La suma de este dinero es por el supuesto ingreso de 325 millones de córdobas entre 2017 y 2019 de la urbanizadora Intermezzo del Bosque, que administran las tres mujeres.

«Es absolutamente falso que la sociedad haya tenido ingresos de 325 millones de córdobas entre 2017 y 2019 (…) este reparo es absurdo tomando en cuenta que los lotes se vendieron ya hace más de 13 años. Se trata de un cobro expropiatorio por falsos ingresos» alegó Victoria Cárdenas en un video divulgado por redes sociales.

Aunque el caso de las tres mujeres aparenta ser una represalia política por ser familiares del opositor Juan Chamorro, esta es la realidad de muchos pequeños, medianos y grandes empresarios, pero que no se han atrevido a denunciar públicamente a como el mismo alegó en un escrito que compartió.

«Desde hace meses, el régimen en su afán por conseguir recursos económicos se ha dedicado a presionar a empresarios y empresarias del país con abusivos cobros, reparos y multas. Estos casos tienen el objetivo de recaudar recursos por medio de la presión ilegal: si no pagan, cárcel. Han habido varios casos de este tipo» dice el texto.

«Empresarios han caído presos por supuestas deudas con el Estado, son decenas de casos de empresarios y empresas que han tenido que pagar millonarias sumas de dinero.Los afectados no han querido hacer la denuncia por temor a represalias. Cada quien es dueño de su propio miedo. En este terrorismo fiscal está detrás una red de abogados supuestamente privados en alianza con funcionarios de la Alcaldía de Managua» detalló Chamorro.

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El empresario detalló en su escrito que a través de una carta enviada por el despacho jurídico Rojas y Ramírez y firmada por Ricardo Humberto Ramírez McNally fue que sus familiares fueron «advertidas y amenazadas con cárcel». Chamorro aseguró que el abogado Ramírez McNally estaría incurriendo en calumnia al imputar defraudación fiscal a sus familiares.

El día 21 de agosto la Jueza Imara Isabel Castro Martínez del Juzgado Quinto Local Penal de Managua dictó orden de allanamiento de morada y detención contra las tres mujeres, quienes optaron por imponer un recurso de amparo ante el tribunal de apelaciones pero sin obtener respuesta hasta la fecha.

«La inmobiliara posee las solvencias fiscales recibidas regularmente de la alcaldía en los últimos años, incluyendo la última, vigente al 31 de diciembre del 2019» alegó Chamorro y valoró que «estos atropellos atentan contra la libre empresa, ahuyentan la inversión e impide la generación de empleos tan necesarios en estos momentos».

Recaudación por todas las vías

El Concejal Municipal del partido Ciudadanos por la Libertad Sellin Figueroa, comenta que la presión de la Alcaldía no es solo por el impuesto de ingresos. «Hay una política de esta administración sandinista de poder recaudar recursos mediante lo que sería el impuesto de bienes inmuebles» dirigida a empresarios y ciudadanos, detalla el concejal.

En diciembre del 2018 la Comisión Nacional de Catastro autorizó el aumento del precio catastral de las propiedades. Las alzas fueron de hasta el doble o el triple de lo que costaban en aquel momento y es por ello que la autoridad judicial no da a lugar los amparos, al menos en el caso de bienes inmuebles, explica Figueroa

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«La aplanadora de los concejales oficialistas a Reymundo y todo el mundo le ponen ese tipo de cobro (…) es una política general dado el hueco financiero que está creando por naturaleza el mercado porque está contraído», comenta el concejal.

Según Figueroa, los principales impuestos que está obteniendo la Alcaldía de Managua es por el impuesto municipal al ingreso pero «al haber un estancamiento económico, los ingresos por esa vía cayeron, entonces reformularon su estrategia y la mejor forma que encontraron era elevarle los precios de las propiedades para cubrir ese hueco financiero».

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