Wálmaro Gutiérrez le da risa que le digan que reforma a Ley 842 es para proteger a sancionados

"A mí me da risa cuando me dicen que esta es una Ley para apoyar 27 personas que fueron sancionadas. Eso es un absurdo", dijo Wálmaro Gutiérrez.

El diputado sandinista y presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional, Wálmaro Gutiérrez, asegura que la reciente reformas a la Ley del Consumidor (Ley 842) no es para mantener abiertas las cuentas bancarias de los funcionarios que han sido sancionados por los Estados Unidos al «desviar fondos de la economía nicaragüense» mediante lavado de dinero y de crear empresas fantasmas para obtener ganancias ilícitas.

«A mí me da risa cuando me dicen que esta es una Ley para apoyar 27 personas que fueron sancionadas. Eso es un absurdo. Estamos hablando de una iniciativa que está enfocada a garantizarle el derecho a los consumidores y usuarios, a 6.3 millones de nicaragüenses que vivimos en este país», dijo el diputado sandinista en el Canal Parlamentario.

La aplanadora sandinista reformó el artículo 9 numeral 10 y 25; el artículo 54 y la adición al artículo 6 numeral 22 de dicha Ley. Según los opositores nicaragüenses estos cambios tienen como fin mantener abiertas las cuentas bancarias a funcionarios nicaragüenses que han sido sancionados por Estados Unidos por corrupción y violación a los derechos humanos.

«Esta es una reforma que quiere proteger de alguna manera a los sancionados y el costo lo vamos a pagar todos los nicaragüenses», dijo el expresidente del Cosep, José Adán Aguerri. Por su parte, La Asociación de Bancos Privados de Nicaragua alegó en un comunicado público que los cambios a la Ley trasgreden el principio de autonomía de la voluntad de los contratos y la libertad contractual, «al impedirle a los bancos que de manera libre elijan con quien iniciar sus relaciones comerciales».

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Pero el legislador sandinista cree que hay una «campaña de desinformación» que se ha tejido alrededor de las reformas a la Ley del Consumidor. «Ha quedado en un segundo o tercer nivel y que es incorrecto. Nosotros debemos de entender el motivo fundamental que nos lleva a presentar una reforma a la Ley de Consumidoras y Usuarias de este país», dijo, y que además agregó: «aquí se ha estado hablando de manera muy frecuente de que estas reformas que puede atentar contra la autonomía de la voluntad de los contratos y del ejercicio de la libre empresa».

Reconoce que reformas es para brindar servicio a funcionarios

Wálmaro Gutiérrez dijo que en la Ley no estaba «claro» que el Estado es un usuario y consumidor. «Si el Estado no produce nada para satisfacer los bienes y servicios a la población, debe de adquirirlo de alguna parte», dijo en relación a las reformas.

«Si usted le afecta el derecho de consumo al Estado o algunas de sus instituciones, no le estás afectando el derecho de consumo a una institución, le está afectando el derecho de consumo a todos los nicaragüenses que esa institución atiende y le satisface bienes y servicios», interpeló Gutiérrez, quien también fue sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por ser el promotor de la controvertida Ley de Regulación de Agentes Extranjeros.

El legislador insistió de que no es cierto de que esas relaciones comerciales solamente están cubiertas en su totalidad con la Ley de Contrataciones del Sector Público (Ley 737) y la Ley de Contrataciones Municipales (622). «Es falso. Hay otras relaciones comerciales que no están contempladas e incorporadas en esa Ley, porque obviamente son del resorte de la Ley de los Consumidores de los Usuarios», considera.

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La Asociación de Bancos Privados advirtieron que estas reformas traerían graves consecuencias para la economía nacional al mantener abierta las cuentas de bancos de los funcionarios sancionados. Una de ellas sería entrar a la lista negra del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Sin embargo, los legisladores oficialistas obviaron esto, y expresaron que es una violación a «los derechos humanos» que una entidad financiera cierre la cuenta bancaria a una persona o institución que «legítimamente haya abierto».

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