La dictadura de Daniel Ortega avanza hacia la eliminación formal de las elecciones en Nicaragua mediante una reforma constitucional que disolvería la Asamblea Nacional actual y crearía un nuevo órgano con 1.500 diputados locales que se reunirían solo una vez al año para ratificar al presidente por periodos de 10 años.
Según información revelada por el diario La Prensa de Nicaragua, los legisladores sandinistas ya trabajan en un “plan de trabajo” para cumplir la orden expresada por Ortega durante el 47 aniversario de la Revolución Sandinista. La fuente política consultada por el medio indica que el nuevo sistema reemplazaría la estructura estatal actual por uno donde los diputados operen desde municipios y se reúnan anualmente para elegir al presidente por una década, con un ejecutivo de 20 miembros que funcionaría de forma más continua.
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Esta iniciativa se enmarca en el anuncio directo del dictador de que “no habrá más elecciones” para impedir que opositores “atrapen el poder”, consolidando aún más el control familiar con su esposa Rosario Murillo como copresidenta. La medida representa un desafío abierto a la comunidad internacional, que ya ha condenado las reformas previas y la falta de legitimidad democrática del régimen.
Al estilo del Partido Comunista Chino
Sistemas que limitan o eliminan elecciones competitivas multipartidistas existen en varios países autoritarios. China opera bajo un sistema de partido único del Partido Comunista Chino, donde el Congreso Nacional del Pueblo —compuesto por miles de delegados— se reúne anualmente para ratificar decisiones de la cúpula, sin competencia real de oposición.
Países como Cuba (Partido Comunista de Cuba), Corea del Norte (Partido de los Trabajadores de Corea) y Vietnam (Partido Comunista de Vietnam) mantienen estructuras de partido único o control absoluto, con procesos electorales formales pero sin alternancia democrática genuina. Estos modelos priorizan la continuidad del poder en una élite o familia dirigente, similar al esquema que evalúa Ortega para Nicaragua.
Esta evolución profundiza el aislamiento internacional de Nicaragua y marca un retroceso definitivo en su sistema democrático, según analistas y organismos como la OEA y Estados Unidos.
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