El régimen Ortega-Murillo se ha dedicado a poner trabas en los trámites de renovación de pasaportes a opositores en el exilio, esto como una manera de inmovilizar a las personas que se encuentran dentro y fuera de Nicaragua.
Desde hace unos meses la dictadura de Daniel Ortega ha obstaculizado los trámites de actualización de documentos migratorios, los cuales representan una violación a los derechos civiles y constitucionales.
Los procesos de actualización de pasaportes se ven afectados porque las autoridades les están exigiendo a los opositores exiliados «remitirse» a Managua para la realización del trámite.
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La exdiputada Mónica Baltodano, exiliada en Costa Rica desde 2021, denunció en sus redes sociales que ella, su esposo Julio López Campos, y su hijo Umanzor López Baltodano, han sufrido una «violación a sus derechos humanos», dado que a los tres les negaron la renovación de sus pasaportes, «después de realizar todos los tramites en el Consulado de Nicaragua en Costa Rica».
«Nos comunicaron que por instrucciones de Migración en Managua, debíamos realizar el trámite en Nicaragua, cuando ellos saben que estamos exiliados, para evitar ser encarcelados como muchos opositores», indicó Baltodano.
La exdiputada aseguró que este «es un acto de negación de nuestra nacionalidad que busca impedirnos de facto ejercer la ciudadanía efectiva como nicaragüenses».
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«Tanto la cédula como el pasaporte son documentos que a uno lo acreditan como nacional del correspondiente Estado, y esta actuación, motivada en una represalia política, intenta de facto convertirnos en apátridas (aunque no nos hayan retirado por resolución la nacionalidad)», indicó.
Baltodano, a quien se le vence su pasaporte en 2022, también aseveró que es una violación al derecho al trabajo, dado que se les niega la capacidad de trabajar en otros países donde podrían generar ingresos para sobrevivir.
«Es un abuso de autoridad por parte del Estado, pues ni siquiera emitieron una resolución que «sustente» esta denegación. Al hacerlo verbalmente y de manera informal, restringen la posibilidad de recurrir contra la decisión misma, reducida a «órdenes superiores». El derecho a recurrir frente a decisiones de las instituciones públicas está consagrado en la Constitución y en las leyes», concluyó Baltodano.
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