El Consejo de la Unión Europea (UE) examinará el próximo 15 de octubre las sanciones impuestas contra funcionarios del régimen de Daniel Ortega, según información brindada este martes al medio digital Despacho 505.
El Consejo no descarta la aplicación de nuevas medidas por los recientes ataques contra la Iglesia católica de Nicaragua, que incluye las supuestas investigaciones que abrió la Policía al obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, a quien además le impuso casa por cárcel sin orden judicial.
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“Seguimos vigilando la situación y reaccionaremos según corresponda. Estos últimos actos de represión fueron condenados por la Unión Europea como una nueva violación de la libertad de expresión y de la libertad de religión o de creencias”, dijo al medio de comunicación el portavoz del Servicio de Exteriores de la Unión Europea, Peter Stano.
“En cuanto a las sanciones (contra el régimen sandinista) han sido revisadas en octubre de 2021 y siguen vigentes. La próxima revisión tendrá lugar el 15 de octubre de este año”, confirmó Stano.
Las últimas sanciones que impuso la UE
El pasado 10 de enero, el día que Ortega y su esposa Rosario Murillo tomaron posesión de un nuevo período en la presidencia, la UE sancionó a la Policía Nacional y a siete funcionarios cercanos a la familia presidencial, incluyendo a los magistrados Brenda Rocha y Cairo Amador, presidenta y vicepresidente del Consejo Supremo Electoral (CSE).
En esa ocasión también fue sancionado el magistrado electoral Lumberto Campbell. A los tres funcionarios del Tribunal Electoral se les señaló de ocupar la institución como “el órgano responsable de la preparación, celebración y certificación” de las votaciones de noviembre pasado, consideradas como una “pantomima”.
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La UE ha estado muy pendiente de los abusos cometidos por Ortega en Nicaragua. Recientemente, se pronunció en rechazo a la reciente embestida del régimen en contra de medios de comunicación comunitarios de Nicaragua, cuando se anuló la licencia de operación de varias emisoras pertenecientes a la Iglesia católica y allanó violentamente la casa cural de la parroquia Divina Misericordia en Sébaco, para tomar por la fuerza los equipos de transmisión y los bienes de la emisora que operaba desde ese lugar.
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