Cuatro presos políticos con mayor riesgo de «morir”, denuncian familiares

Los presos políticos de El Chipote tienen 52 días sin recibir visitas. Sus familiares se muestran preocupados y no saben de su condición actual, especialmente de quienes están en huelga de hambre.

Los presos políticos encarcelados en El Chipote tienen 52 días sin recibir visitas, por lo que sus familiares unieron sus voces para pedir una vez más al régimen de Daniel Ortega que les permita verlos.

Los familiares expresan que los presos políticos están en “especial riesgo de salud”, sobre todo aquellos que iniciaron huelga de hambre. Demandan que se les brinde alimentación adecuada y temen que “puedan morir”.

“Están en especial riesgo la salud y vida de Miguel Mendoza, Roger Reyes, Irving Larios y Dora María Téllez, quienes, desde el mes de septiembre iniciaron huelga de hambre como medida de presión para que se ponga fin a las condiciones inhumanas y les permitan ver a sus hijas”, expresan en el comunicado.

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Exigen se les brinde atención médica especializada, alimentación adecuada y la garantía al respeto a sus derechos humanos. «Tememos que puedan morir en este centro de tortura, cada día que pasa sus vidas corren mayor peligro”, indican.

Entre demandas al régimen para con todos los presos políticos están:

  1. El complimiento del “Código de la Niñez” y de la “Ley Penitenciaria”, las cuales facultan a los hijos el derecho a ver a sus padres; y a los reos, el derecho a ver y comunicarse con sus hijos.
  2. Comunicación a través de llamadas telefónicas, dibujos y mensajes de los hijos e hijas, menores o mayores de edad, y demás familiares que están fuera del país.
  3. Regularización de visitas periódicas cada 15 días para ver a nuestros familiares presos políticos y constatar su estado de salud.
  4. Que se nos brinde información de cómo se encuentran en los períodos entre visitas.
  5. Terminar con el confinamiento solitario y el aislamiento del mundo exterior.
  6. La liberación de las personas presas políticas y el respeto a sus derechos humanos.

Hijos de presos políticos claman por ver a sus padres

Entre los familiares de los presos políticos presentes en la lectura del comunicado se encontraba Ramón Mendoza, hermano del periodista Miguel Mendoza. Este refirió que es “preocupante” la situación luego de la huelga de hambre anunciada por el cronista deportivo, como medida para que le permitan ver a su hija.

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“Le recomendamos, por su estado de salud, que no se fuera a la huelga de hambre, pero el dijo que sí, si su hija no llega a verlo”, expresó el hermano del periodista. Este agregó que “las autoridades se han hecho de oídos sordos”, porque no quieren escuchar sus demandas.

“Alejandra (hija de Miguel) pregunta por su padre, ora por su padre, llora por su padre. Más de once veces el abogado ha hecho las solicitudes pertinentes”, expresa Ramón, alegando una vez más que “Miguel Mendoza es un periodista» que «no ha cometido delito”.

Róger Reyes lleva 27 días en huelga de hambre

En huelga de hambre también se encuentra Róger Reyes, a quien tampoco le han permitido ver a sus hijas desde que fue apresado por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo; su esposa, Fernanda Guevara se encuentra sumamente preocupada por su estado de salud.

“Mi esposo Róger Reyes tiene 27 días en huelga de hambre. No puedo constatar cómo está su estado de salud… no sé cómo se encuentra Róger física y emocionalmente”, expuso Guevara señalando al Estado de Nicaragua de seguir “indolente” ante la situación.

“No estamos pidiendo favores, estamos exigiendo que se cumplan sus derechos y los de sus hijas”, concluyó Fernanda.

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Raity Larios, hija del preso político Irving Larios, cataloga la situación como “una pesadilla” ya, que 52 días después de la última visita a su padre, aún siguen a la espera de que la dictadura les permita poder verlo.

“Es una tortura la que vivimos, tanto para nuestros familiares, como nosotros. La visita la queremos ya, porque queremos constatar cómo están nuestros familiares”, expresó.

Exigen beligerancia a la comunidad internacional

En tanto, Berta Valle, esposa de Félix Maradiaga, continuó exigiendo al Estado de Nicaragua “que respete los derechos humanos” de los presos políticos y solicitó, una vez más, a la comunidad internacional “a que tome medidas beligerantes”.

“Se está volviendo casi un patrón para tener ciertas garantías mínimas, tomar la decisión de llegar a huelga de hambre”, denunció Ana Álvarez Vijil, hermana de la presa política Támara Dávila y sobrina de la reclusa Ana Margarita Vijil. 

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Hacemos esta denuncia bajo miedo”, expresó Álvarez Vijil en referencia a los apresamientos que la dictadura ha realizado a familiares de opositores que están exiliados. La hermana de las dos presas políticas, responsabiliza al estado de “cualquier cosa que acontezca” a sus familiares.

Situación de presos políticos es una “perversidad”

Ante toda esta situación, la reconocida defensora de derechos humanos, Vilma Núñez, refirió que lo que ocurre con los presos políticos de Nicaragua no es una situación de norma jurídica sino una “perversidad”.

“Esta nueva dictadura ha puesto a prueba la efectividad de los sistemas internacionales de derechos humanos”, explicó Núñez, agregando que “el estado de Nicaragua ya lo colapsó el régimen”.

La defensora de derechos humanos, expuso que para ellos es cada vez más difícil su trabajo y catalogó de “infructuosas” sus acciones ante la dictadura de Daniel Ortega, especialmente luego que le arrebatara la personería jurídica y se apoderara de las instalaciones del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH).

En el comunicado leído por los familiares de los presos políticos, en el que expresan que su “corazón está lleno de dolor y sufrimiento”, pidieron por todos aquellos que están en los sistemas penitenciarios y solicitaron al pueblo de Nicaragua alzar la voz para pedir “ ¡Libertad inmediata y con garantías para las más de 219 personas presas políticas en Nicaragua!”.

Hasta la fecha se contabilizan en Nicaragua 219 presos políticos. Mientras se niega a liberar a los opositores, Daniel Ortega indulta cada tres o cuatro meses a miles de presos comunes.

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