En los primeros días de octubre pasado, la justicia argentina abrió un proceso de investigación en contra del dictador nicaragüense Daniel Ortega, su esposa Rosario Murillo y varios funcionarios del régimen, por crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos.
Esto alentó al Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (CALIDH) a presentar otra demanda ante la justicia de Argentina, en contra de Ortega, su esposa y siete funcionarios más, incluidas la rectora de la UNAN-Managua, Ramona Rodríguez, y la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), magistrada Alba Luz Ramos.
Esta nueva denuncia fue radicada el 2 de noviembre en el Juzgado Nacional Penal y Correccional número cuatro del Poder Judicial de la ciudad de Buenos Aires.
Justicia argentina investigará a Ortega y sus colaboradores por crímenes de lesa humanidad
Danny Ramírez-Ayérdiz, secretario ejecutivo de CALIDH, explicó a Nicaragua Investiga, que en vista de que ya existe un proceso en la justicia argentina, lo que hicieron fue presentar su propia denuncia, agregando a Alba Luz Ramos y Ramona Rodríguez, que según ellos “también fueron responsables de crímenes de lesa humanidad”.
Proceso en Argentina da una esperanza
“El proceso está en etapa de sumario, el juez acaba de disponer en octubre diversas medidas, si queremos llamar, cautelares de tipo internacional, para indagar, para ver si hay méritos para proceder con la investigación y estamos esperando que el juez luego dicte algún tipo de providencia”, explicó Ramírez-Ayérdiz.
El secretario ejecutivo del CALIDH expone que este proceso abierto por la Justicia de la Argentina da un grado de esperanza porque se aleja de comunicados y sanciones y se acerca “a cuestiones más concretas que es la justicia”, pero es consciente que todo ello está basado en las relaciones internacionales y que Ortega y sus funcionarios siguen aferrados al poder.
Sin embargo, detalla que con el hecho que se realice dicho proceso, es “un hito internacional con relación a Nicaragua” y que podría tener al menos tres repercusiones importantes.
- Primera: que se emita una sentencia y se establezcan sanciones contra las personas que se han denunciado.
- Segunda: otros países democráticos del mundo podrían abrir procesos similares, podría sentirse como un aliciente para abrir procesos.
- Tercero: una sentencia emitida por el Poder Judicial Federal de Argentina, representa junto a otras iniciativas de justicia actualmente en curso, una forma de reparación para los familiares y las víctimas.
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Danny Ramírez-Ayérdiz alega que esto puede resultar en un importante paso en el proceso de la lucha por la vuelta a la democracia y el restablecimiento, por lo menos de los derechos civiles y políticos en Nicaragua, “que se han visto cercenados muy grave y aceleradamente desde 2018”. Ramírez afirma que se podría ver resultados próximamente.
“Si la denuncia fue interpuesta en septiembre y el juez ya estaba proveyendo en octubre, yo creo que eso ya da un margen para pensar de que en unos meses podría haber una apertura al proceso como tal, para cuando ya pase el sumario y el juez decida que hay elementos para considerar que estos funcionarios pueden ser juzgados hasta llegar a una sentencia”, concluye el secretario del CALIDH.
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