El discurso oficial de la «cooperación solidaria e incondicional» de la República Popular China con Nicaragua acaba de estrellarse contra la dura realidad de los números.

El último Informe de Deuda Pública del primer trimestre de 2026, publicado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), revela que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo está amarrando financieramente al país con Pekín a una velocidad alarmante, convirtiendo lo que vendían como «hermandad» en una pesada carga para los contribuyentes nicaragüenses.

Al revisar las entrañas de los anexos estadísticos oficiales, salta a la vista un incremento vertiginoso en el endeudamiento externo indexado al gigante asiático.

Los datos fríos detallan que el saldo de la «Deuda en Renminbi (CNY)» —la moneda oficial de China— era de apenas 8.8 millones de dólares en el año 2024. Sin embargo, la cifra se catapultó a 131.5 millones de dólares al cierre de 2025 y alcanzó la escandalosa suma de «196.3 millones de dólares» al finalizar marzo de 2026. En un lapso de quince meses, el endeudamiento público en la divisa china creció un espectacular 2,130 por ciento, exponiendo la dependencia absoluta que la dictadura ha desarrollado hacia su nuevo aliado de conveniencia ante el aislamiento internacional.

Deuda y entreguismo a tope

Esta agresiva aceleración del crédito chino coincide de forma sospechosa con el acelerado otorgamiento de concesiones mineras a consorcios de ese mismo país. Mientras el Ministerio de Hacienda maquilla los datos asegurando que los fondos externos se destinan a proyectos estratégicos, las investigaciones de organismos independientes, como Fundación del Río, denuncian que se ha cedido más del 8.5% del territorio nacional de forma exclusiva a empresas de la República Popular China para la extracción masiva de metales preciosos como el oro.

La paradoja económica es evidente: el régimen se endeuda en la moneda de Pekín para financiar infraestructura mientras entrega los recursos naturales del país a corporaciones del mismo origen.

El informe oficial intenta matizar este peligro financiero bajo el argumento de que el endeudamiento se mantiene dentro de los márgenes de sostenibilidad fiscal. No obstante, el documento reconoce que, a nivel global, el «saldo de la deuda pública total (interna y externa) al primer trimestre 2026 fue de US$10,984.1 millones», una cifra que representa un «aumento de US$291.4 millones (2.7%) respecto a 2025». El peso de esta gigantesca factura recae principalmente sobre la «deuda externa [que] corresponde a US$8,923.6 millones (81.2%)» del total. De este último monto, el Gobierno Central arrastra la mayor responsabilidad al adeudar «US$7,046.9 millones» a los acreedores internacionales.

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Para los analistas y expertos económicos, sustituir los financiamientos de los organismos multilaterales tradicionales por los préstamos opacos de Pekín es una estrategia de alto riesgo que hipoteca la soberanía nacional, misma que el régimen dice defender a punta de cárcel, destierro y confiscaciones.

El hermetismo que rodea las condiciones de los créditos en yuanes, sumado a las tasas de rendimiento y los plazos de cumplimiento ocultos, amenaza con transformar a Nicaragua en un enclave financiero supeditado a los intereses geopolíticos de China.