Estados Unidos canceló este lunes visas de jueces, altos funcionarios y empresarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú a los que acusa de corrupción, vínculos con el narcotráfico o de conspirar contra sus respectivos gobiernos.
Entre los sancionados están el fiscal general boliviano, magistrados de la Corte Suprema, altos cargos policiales, fiscales y un empresario; un empresario y una senadora colombianos, y un magistrado del primer juzgado constitucional de Lima, según el comunicado del Departamento de Estado.
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La retirada de visas a esos altos cargos y a sus familias forma parte de los compromisos asumidos en la alianza Escudo de las Américas, creada a iniciativa del presidente Donald Trump en marzo de este año, explicó el comunicado del Departamento de Estado.
«Bajo la administración Trump, los funcionarios extranjeros corruptos ya no pueden entrar libremente a Estados Unidos», aseguró el texto.
«Esta política restringe la expedición de visas para los ciudadanos extranjeros —y sus familiares directos— que socaven a un gobierno elegido democráticamente mediante actividades de corrupción o narcotráfico en nuestra región», añadió.
«Socavar a un gobierno elegido democráticamente es una amenaza para la seguridad y el Estado de derecho en las Américas, y no será tolerado», advirtió el comunicado.
El gobierno conservador boliviano vivió semanas de protestas que paralizaron buena parte del país, hasta que el 20 de junio el presidente decretó el estado de excepción, que sigue vigente.
Colombia acaba de elegir a un presidente, Abelardo de la Espriella, que se presenta a su vez como aliado de Trump, tras una reñida campaña electoral y acusaciones contra la oposición de izquierda de haber intentado impedirle llegar al poder.
Ecuador es otro de los países aliados de Washington, inmerso en una guerra contra el crimen organizado que cuenta con el apoyo de fuerzas militares estadounidenses, mientras que Perú también acaba de elegir a una presidenta conservadora tras otra reñida campaña.
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Esos cuatro países forman parte del Escudo de las Américas, que agrupa a una quincena de países de la región.
Líderes de la alianza se reunieron la semana pasada al margen de la Asamblea General de la ONU y ratificaron su disposición a tomar «medidas colectivas», con una primera batería de sanciones contra 24 grupos criminales.
– Los sancionados –
Entre los sancionados en Bolivia están el fiscal general, Roger Mariaca, nombrado por la asamblea legislativa anterior.
Durante su postulación a fiscal general fue cuestionado por el retraso de varios casos judiciales cuando era fiscal de Santa Cruz, entre ellos el del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.
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«Sus acciones ponen en peligro los esfuerzos del presidente Trump para combatir el narcoterrorismo, al tiempo que socavan las mismas instituciones democráticas de Bolivia», explicó el comunicado.
También son sancionados en Bolivia el magistrado constitucional Israel Ramiro Campero y Martín Irusta, fiscal que ejerció antes de abogado del expresidente Evo Morales.
Otros sancionados son el juez instructor Rodrigo Vedia, así como los fiscales Albania Chane y Alberto Zeballos, ambos de Santa Cruz, la juez Rosario Flores (Santa Cruz), el fiscal Alvaro Nava (Chuquisaca) y el empresario José Luis Iriarte.
El sancionado coronel de Policía Frans Cabrera ha sido investigado por organismos de inteligencia de la misma policía boliviana, por supuestos nexos con el narcotráfico y por ralentizar investigaciones.
Otros nueve bolivianos quedaron imposibilitados de recibir la visa en caso de solicitud.
Cuatro ciudadanos ecuatorianos que el comunicado no identifica también quedaron sancionados.
El Departamento de Estado tiene la potestad de anunciar o dejar en el anonimato a las personas a las que se revoca la visa de entrada al país.
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De Colombia, los afectados son Euclides Torres, un empresario del sector energético, relacionado con la presunta financiación ilegal de la campaña electoral del ahora expresidente Gustavo Petro, y la senadora Martha Isabel Peralta, del movimiento indígena Mais.
En Perú, el sancionado es Juan Carlos Núñez, juez del primer circuito constitucional de Lima.
AFP
