Para cualquier ciudadano, la función de un ejército es clara: proteger la soberanía del país y velar por la seguridad territorial. Sin embargo, en la Nicaragua administrada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, las fronteras entre la defensa nacional y los negocios comerciales de infraestructura civil parecen haberse borrado por completo.
Un reciente viaje de alto nivel a Minsk, capital de Bielorrusia, realizado para amarrar millonarios créditos de exportación y la compra de maquinaria pesada, puso al descubierto una realidad institucional preocupante: la cúpula militar nicaragüense está participando directamente en la negociación de contratos comerciales y préstamos públicos.
Un general entre economistas y ministros
Durante una entrevista al oficialista Canal 4 de televisión, el asesor presidencial e hijo de la pareja dictatorial, Laureano Ortega Murillo, confirmó la nómina de funcionarios enviados a Bielorrusia. Junto a las autoridades bancarias y legislativas del país, la comitiva incluyó a una de las principales figuras del Estado Mayor del Ejército.
«Nuestra delegación estaba compuesta por el compañero Ovidio Reyes, presidente del Banco Central de Nicaragua, el compañero Ervin Ramírez, ministro de Industria y Comercio, el compañero Wálmaro Gutiérrez, diputado presidente de la Comisión de Economía y Presupuesto (…) y el general Marvin Corrales, inspector general del Ejército de Nicaragua», dijo Laureano Ortega.
En términos prácticos, el Inspector General del Ejército —el tercer mando en jerarquía dentro de la institución militar— viajó al continente europeo no para tratar asuntos de defensa ni alianzas estratégicas bélicas, sino para acompañar acuerdos comerciales que incluyen la adquisición de 712 maquinarias pesadas, 59 camiones de bomberos y 247 ambulancias para el Ministerio de Salud.
Las alertas que enciende la presencia militar en negocios civiles
La presencia de un uniforme militar en una delegación gubernamental podría parecer un detalle rutinario. Sin embargo, desde la perspectiva del análisis institucional y la transparencia pública, este hecho resulta altamente cuestionable por varios factores.
En primer lugar, esta práctica desdibuja las funciones constitucionales del Estado. La gestión de créditos para adquirir ambulancias, camiones de basura o tractores municipales es una tarea estrictamente civil que corresponde a carteras como el Ministerio de Salud, Transporte o Hacienda. Que un alto mando militar participe en las mesas de negociación debilita la institucionalidad civil y convierte al Ejército en un intermediario de compras públicas.
Asimismo, al sentar a la jefatura castrense en las mesas donde se definen préstamos internacionales con países bajo sanciones, el régimen vincula los intereses de las Fuerzas Armadas con sus compromisos financieros y geopolíticos particulares.
*Este artículo fue elaborado mediante la colaboración estratégica entre nuestro equipo editorial y herramientas de inteligencia artificial.
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