Daniel Ortega continúa eliminando de la contienda electoral a los precandidatos opositores para ampliar sus posibilidades de ganar los comicios del 7 de noviembre. Las inhibiciones y juicios liderados por el sistema de justicia bajo el control total del sandinismo, son sus nuevos métodos para ir derribando a sus contrincantes y sacarlos de la competencia.
Pensar que hay un precandidato realmente potable dentro de la oposición bajo este contexto es irreal, por el combo de leyes que recientemente fueron probads y que dejan un amplio margen de interpretación para fomentar inhibiciones. En ese sentido, Ortega ya logró sacar así de la contienda a Cristiana Chamorro y Arturo Cruz, a tan solo cinco meses de que se celebren los comicios generales.
Arturo Cruz bajo detención por tres meses y con allanamiento a su vivienda
El Calendario Electoral establece que el plazo que tienen los partidos políticos y alianzas para inscribir a sus candidatos a la presidencia, vicepresidencia, diputados nacionales y al Parlamento Centroamericano, es el 28 de julio, aproximadamente 50 días. Pero las investigaciones en contra de Chamorro y Cruz, podrían evitar que estos se inscriban por los procesos judiciales que enfrentan y por el tiempo que estos llevarían.
En el caso de Arturo Cruz, estará bajo investigación por 90 días y su proceso es incierto ya que se le acusa de supuesta “traición a la patria”, lo que significa que no podría optar a cargos de elección popular, según el único artículo de la nueva Ley 1055, conocida como «Ley de Soberanía», la cual inhibe a los aspirantes que supuestamente gestionen sanciones o intervenciones militares extranjeras.
Caso de Cristiana Chamorro podría durar un año
Las acusaciones en contra de Cristina Chamorro también la sacan de la contienda. Ella fue inhibida para optar a cargos de elección popular sin tener una sentencia firme y su proceso podría durar al menos un año, lo que le impediría poder inscribirse ante el CSE el 28 de julio, día de la fecha fatal para la inscripción de candidaturas, si resulta ser la candidata oficial de ACxL en las primarias.
La abogada constitucionalista Asunción Moreno reafirmó que si se sigue el proceso establecido en la ley por la acusación de supuesto lavado de dinero, Chamorro podría pasar hasta un año atrapada en dicho proceso, en espera de una sentencia.
“El Código Procesal Penal prevé una duración hasta de seis meses para el proceso penal. Tratándose de delitos como lavado de dinero, la ley prevé hasta la posibilidad de duplicar el plazo para el proceso penal”, explica.
Abogada de Cristiana Chamorro denuncia falta de acceso a expediente
CxL continuará con el precandidato que quede
Kitty Monterrey, enfatizó que en su partido hay una oposición sólida para enfrentarse a Ortega en las urnas y si las inhibiciones continúan, se quedarán con el candidato que no sea inhibido aunque, lo que incluiría a aquellos con menos respaldo popular.
“Si nos quitan candidatos, pues vamos a participar con quien quede” retó Monterrey, quien agregó que la única solución para Nicaragua es el voto masivo.
“Tenemos que seguir luchando por esa vía, porque sabemos que, si hay un voto masivo en noviembre, Ortega será derrotado”. Monterrey reconoce que el líder sandinista podría seguir eliminando del juego electoral a los precandidatos.
Los posibles candidatos que le quedan a CxL
Si las inhibiciones continúan a la orden del día, en la Alianza Ciudadanos por la Libertad solo podría quedar como candidatos oficialmente inscritos, Américo Treminio y Noel Vidaurre, quienes tienen muy bajos índices de popularidad.
Juan Sebastián Chamorro, tiene dos situaciones que ponen en riesgo su candidatura. Primero está un juicio contra su esposa Victoria Cárdenas por supuesta evasión fiscal e incluso, hay una orden de captura contra ella. Analistas creen que este caso podría usarse para hacer a un lado a Chamorro. Pero también, este aspirante participó en algunas marchas de 2018 y activistas sandinistas han dicho que el gobierno “no permitirá” candidatos considerados “golpistas”, a como llaman a quienes protestaron contra el gobierno.
Félix Maradiaga bajo amenazas de proceso judicial
En el caso de del precandidatos Félix Maradiaga, fue citado para este 8 de junio en la Fiscalía bajo cargos que no fueron revelados. Esto podría traer una nueva investigación en su contra y representar una amenaza de inhibición para su candidatura. Además, se prevé que a Maradiaga le apliquen el artículo 147 de la Constitución política, que lo deja fuera de la competencia por haber estado fuera del país entre 2018 y 2019.
Por otro lado, la Coalición Nacional brindó una conferencia de prensa y señaló que a pesar de las recientes inhabilitaciones y detenciones de dos precandidatos, aún es prematuro llamar a la no participación para los comicios de noviembre.
Coalición Nacional: aún es prematuro llamar al no voto
“Es muy prematuro llamar al no voto, todavía falta mucho, la campaña no ha iniciado, no tenemos candidato, y el panorama esta confuso todavía” dijo Luis Fley, precandidato presidencial y presidente del movimiento Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN).
El animador político William Grigsby, sentenció en su programa transmitido el 7 de junio en la oficialista Radio La Primerísima que “aquí ninguno de los tranqueros va a poder ser candidato”, retórica que usa la propaganda sandinista desde la matanza estatal de 2018, la cual dejó más de 300 muertos, miles de heridos y más de 100 mil de exiliados, según organismos de derechos humanos internacionales.
“Ellos violaron la Ley, ellos son culpables… ellos lo incumplieron y que paguen las consecuencias”, dijo Grigsby.
¿Rechazar las elecciones o hacer la lucha?
Herty Lewites, activista ciudadano y autor de la novela «Que todo arda», dice que en el país existen dos opiniones de estas elecciones, los que no quieren participar en los comicios diciendo que “rechazamos esta farsa de la dictadura”, y los que alegan que “hay que hacer la lucha a como sea”.
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“Ninguna de las posturas sea ilógica, ambos tienen sus puntos y es un debate bien interesante que deberíamos de abordarlo con mucha madurez y ecuanimidad en vez de estar atacando de infiltrados”, dice Lewites, quien ejemplifica que si “nos vemos en el espejo de Venezuela de ir o no a elecciones, la dictadura va a imponer su reelección”.
“La pregunta es desde el punto de vista jurídico, legal y derecho internacional: ¿cuál es la posición que más costo político implica para la dictadura? Que una oposición participe y le tengan que robar las elecciones o que no participe y que la dictadura vaya sola en su juego”, dice Herty Lewites.
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