El bolsillo de los nicaragüenses soporta una de las cargas tributarias al consumo más pesadas de la región.

De acuerdo con los sistemas impositivos vigentes en América Latina, Nicaragua se ubica en el escalón más alto de Centroamérica al aplicar una tasa del 15% en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), un porcentaje en el que empata únicamente con Honduras.

Para comprender el impacto de esta cifra, es necesario precisar que el IVA es un porcentaje adicional que se cobra a cada ciudadano por cualquier compra que realiza y que va a parar a manos del Estado para supuestamente invertir en desarrollar al país.

Mientras en El Salvador y Costa Rica esta tasa generalizada se fija en un 13% y en Guatemala desciende al 12%, los extremos de recaudación mínima se registran en Belice, con un 12.5%, y fundamentalmente en Panamá, cuyo impuesto al consumo es de apenas el 7%.

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Los que más cobran; los más pobres

Lo verdaderamente alarmante de esta radiografía fiscal es la profunda contradicción socioeconómica que esconde.

Al cruzar estos datos con los indicadores de organismos internacionales como el Banco Mundial y la CEPAL, salta a la vista un dato demoledor: Nicaragua y Honduras, las dos naciones que cobran el IVA más caro de la región, son precisamente los dos países más pobres y con los salarios más rezagados de toda Centroamérica.

Esta paradoja tumba el argumento fiscal convencional que sostiene que una mayor presión tributaria se traduce automáticamente en desarrollo. En el istmo, las dos economías con menos recursos y con mayores índices de pobreza estructural son las que más asfixian el consumo diario de sus habitantes.

Falsa consigna del FSLN

Pese a que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha defendido históricamente su agresivo modelo recaudatorio bajo la promesa de una redistribución equitativa, el nivel de bienestar social de la población no es mejor que el de los países vecinos que pagan menos impuestos.

Los análisis económicos evidencian que el cobro excesivo de impuestos indirectos como el IVA impacta de forma regresiva a los sectores más vulnerables. La recaudación desmedida carece de un impacto positivo en la calidad de vida cuando los fondos públicos se desvían hacia fines propagandísticos, el sostenimiento de burocracias partidarias o el financiamiento de las fuerzas policiales, en lugar de invertirse de forma transparente en infraestructura productiva, educación o un sistema sanitario eficiente.

Al final de la cadena, el ciudadano nicaragüense termina atrapado en un doble castigo financiero: primero al tributar el IVA más alto del istmo en alimentos y bienes básicos, y luego al verse obligado a costear de manera privada la salud, la educación y la seguridad ante el evidente deterioro de los servicios públicos manejados por el Estado. Mientras naciones como Panamá o Costa Rica logran ofrecer índices de desarrollo humano marcadamente superiores con esquemas fiscales más competitivos y tasas de consumo inferiores.