La voracidad del modelo extractivista promovido por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo está devastando los ecosistemas más valiosos de Nicaragua y destruyendo el medio de vida de las comunidades originarias.

Durante la audiencia pública «Nicaragua: Impacto de las concesiones mineras en los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes», celebrada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington D. C., organizaciones independientes revelaron que la minería ya acapara el 25.5 % de los territorios ancestrales del país.

Una catástrofe ambiental

La exposición, presentada por el Institute on Race, Equality and Human Rights, la Fundación del Río y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), puso en evidencia una catástrofe ambiental y humana sin precedentes. Actualmente existen 62 lotes mineros otorgados sobre 18 territorios comunales, afectando de forma directa las fuentes de agua dulce.

La abogada Alejandra Manavella, de Cejil, detalló que estas operaciones contaminan 163 ríos, 80 quebradas y aproximadamente 1,900 kilómetros de redes hídricas, con daños severos en las cuencas de Bosawas y el Río San Juan.

La destrucción ambiental avanza de la mano con la eliminación deliberada de los controles estatales. Amaru Ruiz, presidente de la Fundación del Río, denunció que la dictadura desmanteló las salvaguardas ambientales al eliminar los estudios de impacto ambiental previos y las consultas comunitarias obligatorias.

Además, mediante reformas legales dirigidas desde el Ejecutivo, por primera vez en la historia del país se permite la explotación minera dentro de reservas naturales. Ruiz precisó que hay 75 lotes mineros sobreponiéndose en 19 áreas protegidas y dos reservas de biosfera —Bosawas e Indio Maíz—, sumando más de 900,000 hectáreas en peligro bajo un uso intensivo e indiscriminado de químicos altamente tóxicos como el mercurio y el cianuro.

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Represión a quien se queja

A la devastación de los bosques y ríos se suma la sangrienta represión contra las poblaciones indígenas que intentan defender sus tierras ancestrales. Entre 2013 y 2024, al menos 69 comuneros han sido asesinados por colonos invasores en un contexto de impunidad estatal y complicidad oficial. Durante la sesión se citaron los casos de los líderes Brooklyn Rivera, Nancy Henríquez, Steadman Fagoth y los ocho guardabosques mayangnas como ejemplos de la política de persecución y encarcelamiento ejercida contra las autoridades tradicionales.

Carlos Quesada, director de Raza e Igualdad, advirtió que la falta de saneamiento territorial bajo la Ley 445 y las recientes reformas constitucionales impuestas por la dictadura vaciaron de contenido la autonomía de la Costa Caribe, subordinando las decisiones locales al poder centralizado en Managua.

Ante el nivel de despojo, comisionados de la CIDH y el Relator Especial REDESCA, Javier Palummo, expresaron su alarma por la crisis de gobernanza, el desplazamiento forzado y los graves riesgos a la salud por envenenamiento con mercurio, prometiendo estrechar la fiscalización internacional sobre el Estado nicaragüense y los mercados que compran este mineral extraído con sangre y destrucción.

*Este artículo fue elaborado mediante la colaboración estratégica entre nuestro equipo editorial y herramientas de inteligencia artificial.