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Ortega inmoviliza terrenos comerciales de alto valor en Managua junto al BCIE y Plaza Ágora

Organismos internacionales y el Departamento de Estado de Estados Unidos han advertido reiteradamente sobre la falta de seguridad jurídica para inversionistas en Nicaragua

Imagen referencial tomada de SkyscraperCity. Internet/NI

La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha avanzado sobre terrenos de uso comercial en una de las zonas de mayor plusvalía de Managua. Según fuentes del sector empresarial citadas por el medio La Mesa Redonda, la Procuraduría General de Justicia, con respaldo de la Policía, habría inmovilizado varios predios ubicados en el entorno de la pista Jean Paul Genie.

En esa franja se encuentran la sede del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Centro Corporativo BDF-ASSA, Plaza Ágora y otros desarrollos empresariales. Las restricciones alcanzarían terrenos que, desde inicios de los años 2000, fueron intervenidos o administrados por la sociedad Desarrollos Ventura, vinculada en documentos a Mario José Cardenal Chamorro, coronel en retiro, exdirector del Instituto de Previsión Social Militar y accionista histórico del Banco de Finanzas, socio de Joaquín Cuadra Lacayo.

Varias manzanas en zonas de Camino de Oriente y Carretera a Masaya

Hasta el momento no se ha publicado una resolución oficial que precise el alcance exacto de las medidas, los lotes afectados ni los fundamentos jurídicos. Fuentes empresariales indican que el área involucraría alrededor de ocho manzanas al sur de Camino de Oriente, una zona que se revalorizó con la construcción de vías, rotondas y conexiones hacia la Carretera a Masaya y Santo Domingo.

Dictadura asesta nuevo golpe a la seguridad jurídica tras la eliminación de la DIRAC y Procompetencia

La inmovilización se produce en paralelo con intervenciones recientes a empresas asociadas a Cuadra Lacayo. El 26 de octubre fuerzas policiales, por orden de la Procuraduría, ocuparon las instalaciones de Corporación Eléctrica Nicaragüense (CENSA) en el kilómetro 68 de la carretera El Velero, en Puerto Sandino. También se habría intervenido Rocedes, empresa del mismo entorno que opera en el Parque Industrial Las Mercedes bajo régimen de zona franca. En ambos casos se mencionan posibles incumplimientos contractuales y deudas con el INSS y la Dirección General de Ingresos.

El episodio se inserta en un patrón más amplio de acciones estatales sobre propiedades y compañías vinculadas a antiguos mandos militares y a sectores empresariales que han perdido influencia o enfrentan procesos judiciales. Organismos internacionales y el Departamento de Estado de Estados Unidos han advertido reiteradamente sobre la falta de seguridad jurídica para inversionistas en Nicaragua. Mientras no exista información oficial clara, la inmovilización de estos predios estratégicos genera incertidumbre adicional sobre el control y la disponibilidad de suelo comercial en la capital.


*Este artículo fue elaborado mediante la colaboración estratégica entre nuestro equipo editorial y herramientas de inteligencia artificial.

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Nicaragua Investiga

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