Mientras el Banco Central de Nicaragua (BCN) anuncia que el efectivo en manos de la población crecerá de forma notable entre noviembre y diciembre de 2026, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ejecutó una nueva liberación masiva de reos comunes. La combinación de mayor liquidez en la economía y la salida de personas condenadas por delitos genera una tensión evidente en las calles.
Según el comunicado oficial del BCN del 6 de noviembre, el dinero en circulación (numerario) se proyecta que aumente en C$9.447,5 millones entre los dos últimos meses del año. El pico se estima cerca de C$9.594,2 millones alrededor del 25 de diciembre. El principal motor es el pago del aguinaldo o décimo tercer mes, calculado en C$19.496 millones para 2026. A eso se suman entregas netas de crédito para consumo y comercio por C$5.492,8 millones.
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Las cifras comerciales refuerzan el escenario de mayor movimiento: se esperan ventas en el comercio de C$83.823,3 millones en noviembre y diciembre, operaciones con tarjetas (crédito y débito) por C$135.138,5 millones y liquidaciones ACH cercanas a C$130.093,6 millones. El BCN indica que atenderá esa demanda de efectivo mediante sus operaciones monetarias y con los recursos que el Gobierno y el sistema financiero destinarán al pago del treceavo mes.
Liberación masiva de presos comunes
En paralelo, el 8 de noviembre de 2026 el régimen puso en libertad a 2.000 personas condenadas por delitos comunes. La medida se aplicó en ocho centros penitenciarios, incluido el complejo La Modelo, y se presentó como un acto ligado al 50 aniversario de la muerte de Carlos Fonseca Amador. Los beneficiarios no cumplieron sus condenas en prisión: salen bajo el llamado “régimen de convivencia familiar”, es decir, terminan la pena residiendo con sus familias. Las autoridades no detallaron los delitos ni los mecanismos precisos de control o seguimiento.
Con esta tanda, el total de reos comunes liberados en 2026 llega a 9.900. Es la sexta liberación masiva del año. Antes hubo grupos de 1.200 en febrero, 1.200 en abril, 2.000 el 30 de mayo, 2.000 en julio y 1.500 en septiembre. El Ministerio del Interior sostiene que, en la última década, más de 55.000 condenados por delitos comunes recibieron este beneficio y que la reincidencia oficial ronda el 7 %. Organizaciones de derechos humanos y colectivos han cuestionado de forma reiterada estas salidas, al señalar que coinciden con aumentos en la delincuencia y en los feminicidios, y que la política excluye expresamente a los detenidos por razones políticas.
En barrios y mercados, la expectativa de mayor efectivo por el aguinaldo y las compras navideñas se cruza con la preocupación por la llegada de estos grupos sin información clara sobre antecedentes ni seguimiento efectivo. Mientras el BCN proyecta una inyección de liquidez estacional que dinamizará el comercio, la práctica de liberaciones masivas en fechas simbólicas del sandinismo mantiene la alerta en las calles.
*Este artículo fue elaborado mediante la colaboración estratégica entre nuestro equipo editorial y herramientas de inteligencia artificial.
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