La privatización no encerrará a la verdad – Editorial

El régimen de Nicaragua no es amigo del periodismo, eso lo ha demostrado en muchas ocasiones. Desde los ataques más directos en los que emplea la violencia y toda la fuerza del aparato policial, pasando por las campañas de odio y los constantes descalificativos que lanza a los periodistas, hasta las trabas institucionales, el régimen ha dejado claro que sólo quiere que contemos lo que ellos eligen.

No es un secreto que los medios que ellos controlan y los periodistas que ellos emplanillan, son los únicos a los que se les permite asistir a eventos de interés público mientras que los demás somos vetados y luego tildados de golpistas, terroristas o sometidos a cualquier otro insulto. A través de su “Estrategia de Comunicación Incontaminada”, Rosario Murillo ha dirigido al actual régimen hacia el secretismo absoluto y todos sufrimos por ello. Incluso, los oficialistas, no han logrado una entrevista con el caudillo sandinista.

Los leales a Ortega seguro piensan que es a nosotros, los periodistas, a quienes dañan, pero el verdadero y último perjudicado es todo nicaragüense, incapaz de ver y saber quién y cómo le gobiernan, de qué manera se dispone su dinero entregado al tributo y qué atrocidades cometen quienes viven de él.

A la cúpula del poder le conviene que reine la ignorancia. Las grandes decisiones tomadas a puertas cerradas y que afectan a todos, quieren guardárselas para sí mismos con el fin de volvernos, como país, más vulnerable al abuso de la autoridad. Ortega, su esposa, sus camarillas y peor aún, los que le sirven pero poco ganan de esta ignominia, se prestan a las peores bajezas para agradar, y con suerte, seguir recibiendo un salario más o menos aceptable a su bolsillo y más o menos acorde al costo de su dignidad personal y profesional.

La última medida para reducirnos como medios de comunicación no alineados a sus intereses, no es violenta, pero sus implicaciones sí son radicales. El régimen de Ortega orientó a sus emplanillados, inscribir los derechos de autor de algunas fotografías de medios oficiales para demandar a los medios independientes por «uso indebido». Solicitan multas de alrededor de quinientos euros o su equivalente en dólares por cada imagen, efectivamente privatizando el acceso a la información estatal a la que solo a ellos se les pone a disposición. Así nos lo hizo saber una agencia a través de la cual el oficialista Carlos Fernando Álvarez, quien trabaja para la Presidencia de la República, pidió una «indemnización» por usar una imagen tomada el medio oficial del gobierno; El 19 Digital.

El oficioso Carlos Álvarez ha inscrito los derechos de autor de fotos de la presidencia para avasallar a medios críticos al régimen.

Este caso demuestra como ningún otro los obstáculos que se le imponen al periodismo desde la autoridad. Primero, los medios de comunicación son vetados de los eventos oficiales, de modo que es imposible que tomemos fotografías de los mismos. Luego se eleva un altísimo muro de pago para poder utilizar estas imágenes y se agotan las opciones.

Efectivamente, quien opte por pagarles los derechos de autor estaría pagando doble, pues el salario de estos fotógrafos proviene de nuestros impuestos y, considerando la saña de este gobierno en contra de los periodistas, quien les pague les paga por su propia represión. Que un bien público como la información sobre la administración estatal termine a la venta es un monumento a la corrupción, uno enorme, visible para toda Nicaragua.

Para muestra, la misma exhibición que hace este agente de propaganda, quien en su cuenta oficial de Linkedin se describe como «Periodista de la Presidencia de la República», muestra clara que es un asalariado del Estado y que su trabajo pertenece al patrimonio del país.

Es así que el régimen trata de acallar a todo aquel que pretenda mostrar la realidad, y usar nuevas artimañas para censurar a la prensa libre. Ya antes había bloqueado canales de YouTube de medios independientes reclamando, increíblemente, imágenes del Canal 6 estatal, aquellas que todos los nicaragüenses pagan con sus impuestos.

Pero no sólo el régimen se incomoda con la labor periodística. No es la primera vez que Nicaragua Investiga se enfrenta a un ataque así en su sitio web. La misma estrategia la emplearon en nuestra contra cuando escribimos el perfil de un empresario local, al punto que nos vimos forzados a embargar esa nota por un tiempo. La marca Promérica hizo insistentes reclamos y peticiones de bloqueo por una fotografía en la que aparecía su logo empresarial.

Aquella fue una amenaza existencial para nosotros. La  pequeña victoria que lograron cuando retiramos la nota seguro la celebraron, pero a la larga no nos doblegamos ni nos doblegaremos. Es bien sabido que el periodismo incomoda, pero esta verdad dice más de los incómodos que de la labor periodística que realizamos.

Nuestro deber es informar y lo seguiremos haciendo a pena de lo que cueste. Estos actores provienen de todos los bandos y ámbitos, en algunos casos opuestos, pero siempre con la misma motivación: nos quieren silenciar a como de lugar porque les molesta que expongamos su mala conducta, su falta de escrúpulos, su incapacidad o incluso, su silencio en momentos donde posicionarse es necesario y hasta humano.

No van a lograr nada. Vamos a seguir haciendo periodismo, le incomode a quien le incomode. Preferimos cesar antes que dejarnos condicionar por una autoridad ilegítima, que ha perdido toda semblanza de credibilidad, que ya no tiene más que el apoyo de lambiscones. Nuestro compromiso es más grande que sus medidas represoras, más fuerte que su censura, más digno que todas sus leyes ilegítimas, más civilizado que su violencia bestial, porque es un compromiso con Nicaragua. No importa cuántos muros levanten, vamos a botarlos y a denunciarlos. Seguiremos como prensa libre porque a eso nos comprometimos con nuestra audiencia.