El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha dado el paso definitivo para institucionalizar y agilizar la monetización de los miles de millones de dólares en propiedades, vehículos y activos robados a la oposición, oenegés, empresas y medios de comunicación en Nicaragua.
A través del Acuerdo Ministerial número 006-2026, publicado hoy en la Gaceta Diario Oficial, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) ordenó la creación formal y con «carácter permanente» del Comité de Bienes del Estado, un brazo burocrático diseñado exclusivamente para administrar, clasificar y rematar el inventario de activos que han pasado a manos del Estado en los últimos años.
La medida revela la urgencia de la dictadura por darle una salida legal y financiera al enorme volumen de propiedades confiscadas que se acumulan en el país, creando una estructura fija para procesar lo que analistas califican como el mayor despojo de la propiedad privada en la historia reciente de Centroamérica.
El «brazo ejecutor» y el eufemismo de la chatarra
El acuerdo no solo crea el órgano político de decisión, sino que en su punto número siete ordena la conformación de «Comités ad hoc de subasta pública». Estos serán equipos operativos creados «a la medida» para cada evento, encargados de ejecutar de forma expedita los remates de los bienes.
Llama la atención el uso reiterado de los términos «chatarra vehicular», «bienes en mal estado» y «remanentes de subasta» dentro de las facultades del comité.
Bajo el contexto de Nicaragua, clasificar valiosos activos confiscados como ‘chatarra’ es una ventana abierta a la corrupción. Vehículos de oenegés, plantas de transmisión de medios de comunicación confiscados o maquinaria agrícola que han estado bajo custodia policial, ahora pueden ser declarados legalmente como ‘chatarra’ para ser rematados a precios ridículos, beneficiando directamente a testaferros o allegados al partido de gobierno.
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Control total en la cúpula de Hacienda
La estructura del nuevo Comité de Bienes del Estado refleja un control político absoluto desde la Dirección Superior del MHCP. El comité estará integrado con voz y voto por: la máxima autoridad del Ministerio (o a quien delegue), quien lo presidirá, la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, la Tesorerería General de la República y el Director de la División de Asesoría Legal.
Por el contrario, el Director de la Dirección de Bienes del Estado —el funcionario técnico que realmente conoce los inventarios— participará en las reuniones con voz pero sin voto, quedando relegado a ser un simple presentador de informes y agendas. Las decisiones de qué se vende, cuándo se vende y a quién se le adjudica quedarán en manos de la cúpula financiera del régimen.
Buscan llenar sus bolsillos
Con este acuerdo, el régimen formaliza el ciclo del despojo: lo que comenzó como confiscaciones de facto ejecutadas por la Policía y paramilitares contra opositores, medios de comunicación, organizaciones y universidades, ahora entra formalmente a la contabilidad del Estado y, mediante estas subastas, se transformará en dinero líquido para el flujo de caja de la dictadura. Además, que podría beneficiar a testaferros y allegados de la pareja dictatorial que podrían conseguir bienes a precios irrisorios.
La creación de este Comité coincice con recientes denuncias de confiscados sobre la asignación de sus propiedades a desconocidos, aparentemente, allegados del régimen.
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