Nueve organizaciones internacionales criticaron el proyecto de Ley de agentes extranjeros del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que contempla un impuesto del 30% a las donaciones que reciban las oenegés.
El mandatario anunció el martes esta iniciativa, que se da por descontado que será aprobado por el Congreso, luego de que varias oenegés denunciaran la detención «arbitraria» del abogado ambientalista Alejandro Henríquez.
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«De concretarse, esta normativa constituiría un nuevo y grave ataque contra el espacio cívico y el derecho a defender derechos», dijeron Amnistía Internacional y otras ocho organizaciones en un comunicado conjunto.
La nota, que afirma que Bukele adoptó «un patrón autoritario frente al descontento social», la suscriben también, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Oficina en Washington para América Latina (WOLA) y Robert F. Kennedy Human Rights, entre otras.
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«Con esta ley, el gobierno no solo busca silenciar a las organizaciones de la sociedad civil que denuncian abusos, sino que también golpea directamente a las personas que reciben su asistencia», dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía, citada en el comunicado.
Las organizaciones exigieron la liberación de Henríquez y del pastor evangélico José Pérez, líder de una cooperativa campesina de 300 familias que protestaban el martes para no ser desalojadas de un predio ajeno.
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Bukele afirmó ese día que «personas humildes» son «manipuladas» por «grupos» de izquierda «y ONG globalistas, cuyo único objetivo real es atacar al gobierno» y este viernes reiteró en su página de Facebook que va «a poner un impuesto a las ONGs».
En la vecina Nicaragua el gobierno de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, también ha tomado acciones contra las oenegés, clausurando más de 5.600 desde 2018 y expropiando sus bienes.
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