La reciente decisión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo de otorgar el beneficio de convivencia familiar a dos mil presos comunes con motivo del Día de las Madres ha encendido las alarmas en la población nicaragüense. Lejos de ser percibida como un acto humanitario, la medida ha generado una ola de rechazo y temor generalizado ante el evidente deterioro de la seguridad ciudadana en el país.

La transmisión en vivo realizada por el oficialista Canal 4 —medio controlado por la familia presidencial— se convirtió en el escenario donde los ciudadanos desahogaron su frustración.

Los comentarios de esa transmisión realizada en la red social Facebook se inclinaban en su mayoría por rechazar la medida. «Dios nos agarre confesados» escribió una usuaria.

Otro e refirió al tema con un tono irónico y catalogó a los liberados como «licenciados recién graduados con mejores técnicas para servir a la comunidad».

Estos comentarios reflejan el sentir de una sociedad que se siente desprotegida ante un «gobierno» que alienta la inseguridad.

Afloran expendios y desatan la delincuencia en barrios de Managua

El fantasma de la reincidencia sin reinserción

El núcleo de la preocupación ciudadana radica en la total ausencia de políticas públicas que garanticen una reinserción social efectiva. De acuerdo con denuncias de organizaciones civiles el Estado nicaragüense no cuenta con programas de seguimiento a estos indultados por lo que no hay oficiales capacitados para tutelar y monitorear la conducta de los exconvictos. Tampoco existen políticas de empleo que ofrezcan alternativas económicas legales a quienes salen de las cárceles.

Desde que el régimen implementa esta política de indultos masivos los pobladores de diversos barrios de Managua reportan un incremento exponencial en la apertura de expendios de droga y, consecuentemente, de robos y asaltos en la vía pública.

Otra usuaria de redes resumió la incertidumbre colectiva en la transmisión oficial de  canal 4 al cuestionar si estas informaciones se daban para celebrar o «para que tengamos cuidado con los delincuentes que vienen a las calles», mientras que otro internauta lamentaba la situación de «las personas honradas y trabajadoras de Nicaragua» ante un panorama que «cada día se pone peor».

Un patrón sistemático que eleva los índices de violencia

Esta no es una medida aislada. Desde hace más de un año, la administración de Ortega y Murillo ha implementado liberaciones masivas de forma periódica. Defensores de derechos humanos señalan que esta política de «puertas abiertas» para la criminalidad común contrasta drásticamente con el tratamiento hacia los prisioneros políticos y busca, de forma colateral, aliviar el hacinamiento del sistema penitenciario sin medir el impacto delictivo en los barrios del país.

Muchos de los indutados han reincidido, a como lo reportó Nicaragua Investiga con documentación oficial hace un año atrás.

Mientras los medios oficiales intentan matizar las liberaciones bajo narrativas de «fe y comunidad», la realidad en las calles y la reacción sin filtro en sus propias transmisiones digitales demuestran que, para los nicaragüenses, la política de convivencia familiar se traduce directamente en mayor impunidad e inseguridad.