Francisca, como es conocida por reserva de su identidad, dio a luz a sus entonces 20 años a su hijo en el año 2002 en un sanatorio público de la ciudad de Curicó, a casi 200 km al sur de Santiago, ya con el diagnóstico de ser seropositiva. Durante la intervención de cesárea, fue esterilizada por los doctores sin su consentimiento.
«Comenzar pidiéndole disculpas a Francisca (…) por la grave vulneración, violación de tus derechos y también por la denegación de justicia y por todo el tiempo que tuviste que esperar para esto», dijo el presidente de Chile, el izquierdista Gabriel Boric, como representante del Estado, en el acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional realizado en el palacio presidencial de La Moneda.
«¿A cuántas personas como tú no conocemos?», se preguntó el mandatario sobre los casos que no son públicos de situaciones similares de violencia ostétrica y discriminación.
El caso de Francisca, quien no estuvo presente en el acto reparatorio, fue llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el Centro de Derechos Reproductivos y Vivo Positivo en 2009 después de que el Estado no le permitiera acceder a justicia ni reparación por su denuncia.
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Discriminación por vivir con VIH
A Francisca «durante sus controles de embarazo le diagnosticaron VIH. Ella tomó las medidas para reducir el contagio vertical al feto y dio a luz mediante una cesárea. Durante ese procedimiento el personal médico le practicó una esterilización quirúrgica sin su consentimiento, y basado en estereotipos de género, al considerar que era irresponsable que una mujer con VIH tuviera más hijos», explicó en un comunicado, el Centro para los derechos reproductivos.
La nota agrega que «a Francisca la discriminaron por vivir con VIH y sin preguntarle, mientras estaba anestesiada, un equipo médico decidió coartar su autonomía y quitarle su capacidad reproductiva».
En 2021 Chile firmó un Acuerdo de Solución Pacífica en el que aceptó su responsabilidad internacional por la violación a los derechos humanos cometidos cometido en este caso.
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El relator de la CIDH para Chile, Joel Hernández, puntualizó que la vulneración afectó a «la integridad personal, las garantías judiciales, la protección de la honra y la dignidad, la libertad de pensamiento y expresión, la protección de la familia, la igualdad de la ley y la protección judicial», de Francisca y su hijo.
Carmen Martínez, del Centro de Derechos Reproductivos de Estados Unidos, replicó unas palabras de Francisca que pidió que leyeran en el acto:
«Se sigue mirando con menosprecio a las personas que portamos el VIH (…) quiero pensar con convicción que esto cambiará, que no se volverán a cometer los mismos errores que en el pasado, que ninguna mujer será esterilizada sin su consentimiento», indicó la carta de Francisca leída en el acto.
Nicaragua Investiga
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