El presidente izquierdista Pedro Castillo brindó la noche del miércoles un mensaje a la Nación para atacar a la Fiscalía General de Perú, el Congreso y la prensa a raíz de la denuncia constitucional presentada en su contra por haber cometido los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión que podría dejarlo fuera del poder tras casi 15 meses.
“Graves acusaciones se repiten, tan graves como inconsistentes, como es la denuncia constitucional presentada por la Fiscal de la Nación ante el Congreso en mi contra. Denuncia inconstitucional e ilegal sin fundamentos y que carece de toda corroboración y pruebas objetivas”, señaló Castillo que estuvo rodeado por el pleno de su gabinete de ministros en Palacio de Gobierno.
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El mandatario peruano enfatizó que “ante el país y la comunidad internacional esta práctica de quebrantamiento del orden constitucional y democrático, las fuerzas políticas que se unieron al país en el más grande proceso de corrupción de la historia nacional en los años 90, son las que ahora impulsan –como en aquella época– una modalidad de un nuevo golpe de Estado en el Perú”.
Castillo también deslizó que magistrados del Poder Judicial estarían coludidos con la Fiscalía para atacarlo a él y a los integrantes de su gobierno. Dijo que estos actos esconden un propósito que es la persecución política iniciada incluso antes que asuma la presidencia. “Quieren que yo me vaya para que ellos gobiernan sin haber sido elegidos”, apuntó.
El profesor rural convertido en presidente insistió al decir que no es un corrupto. Además, agregó que se le acusó de comunista, terrorista y, al no encontrar pruebas, le buscaron nuevos motivos para impedir y bloquear la gobernabilidad. “Les digo que voy a terminar el período que el pueblo me otorgó y voy a entregar el poder al siguiente presidente del Perú el 28 de julio del 2026. No antes”, indicó.
Fiscalía
Tras el mensaje de Castillo, la respuesta de la Fiscalía General no tardó en llegar. “La principal función constitucional del Ministerio Público es la persecución del delito. El funcionamiento del sistema de justicia con respeto a la Constitución y tratados internacionales son la base del Estado de derecho. Rechazamos todo intento de politización de la justicia”, escribieron en un comunicado.
La semana pasada se presentó una acusación contra el presidente de Perú ante el Congreso por ser el presunto jefe de una organización criminal «enquistada» en el Estado a raíz de los casos Puente Tarata y Petroperú.
En el primer asunto, Castillo habría usado el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para obtener un soborno de 58 millones de dólares a cambio de beneficiar con la obra a un empresario que aportó en su campaña electoral. Para este propósito, Castillo se habría confabulado con sus sobrinos Fray Vásquez Castillo, Gian Marco Castillo Gómez y el hoy exministro Juan Silva, según la Fiscalía.
Por su parte, en el segundo punto, el otrora profesor rural habría designado a Hugo Chávez Arévalo como gerente general de la estatal Petroperú con el fin de que pueda decidir sobre las contrataciones millonarias. Una de ellas fue el favorecimiento por 47 millones de dólares a la empresa Heaven Petroleum Operators (HPO) por 280.000 barriles de biodiesel.
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Hay que mencionar que el presidente también es investigado por los ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en noviembre del año pasado y por un «presunto encubrimiento» para no atrapar a los prófugos de su gobierno.
Congreso
Las reacciones de la oposición también no se hicieron esperar.
“El Poder Legislativo resguarda a esta nación de una organización criminal encabezada por usted, presidente Pedro Castillo. Aquí no hay golpe de Estado. Aquí hay defensa constitucional legítima”, dijo la parlamentaria Norma Yarrow (Renovación Popular).
El parlamentario Héctor Ventura (Fuerza Popular), presidente de la Comisión de Fiscalización, calificó de “insulto a la Nación” las frases difundidas por el jefe de Estado.
En el Congreso se evalúan distintas opciones para sacar a Castillo del poder. Una de ellas es la tercera moción de vacancia presidencial contra el presidente que recoge todos los presuntos actos de corrupción del gobierno que han derivado en las investigaciones de la fiscalía.
Se requieren 87 votos para la destitución de Castillo. Si se logra el objetivo, quien asumiría sería su vicepresidenta Dina Boluarte que completaría el periodo presidencial hasta 2026.
Informe de la CIDH
En medio de la polarización, una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) –integrada por el vicepresidente y relator para Perú, Stuardo Ralón, la Relatora Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, Soledad García Muñoz, e integrantes del equipo técnico de la Secretaría Ejecutiva– emitió un informe sobre su visita la semana pasada.
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Halló que el país atraviesa una crisis política e institucional por la falta de definición de tres figuras constitucionales que tienen el potencial de debilitar la separación y el equilibrio de poderes.
La CIDH se refiere a la acusación constitucional; vacancia presidencial por incapacidad moral permanente; y, la disolución del Congreso por la negatoria de confianza a dos consejos de ministros.
Por ello, solicitó al Estado peruano, en especial al Congreso de la República y al Tribunal Constitucional, a que “reglamenten y delimiten” estas figuras que se encuentran en la Carta Magna.
Además, mencionó que “urge a todos los poderes del Estado a que se abstengan de hacer llamados al uso arbitrario de la fuerza o al rompimiento institucional”.
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