El régimen de Daniel Ortega viola los derechos sociales y económicos de los nicaragüenses de manera «masiva y cotidiana» y «es notoria una especie de normalización» sobre la situación, advierte el reciente informe de la Fundación Puentes para el Desarrollo.
La organización analizó los datos oficiales, de los años 2021 y 2022, relacionados a los derechos laborales y el salario digno, el derecho a la seguridad social, los derechos sindicales, a la educación, a la salud y las protecciones especiales a la familia, niñez, adultos mayores y mujeres.
El denominado «Primer Informe sobre los Derechos Económicos y Sociales, Nicaragua» revela que 8 de cada 10 personas de la población laboral nicaragüense «no disfruta propiamente del derecho al trabajo«.
Según la propaganda del régimen, el desempleo es de apenas el 3% de la población a diciembre de 2022, pero el 38% se encuentra en el subempleo y el 14% de trabajadores sin remuneración, señaló el economista Enrique Sáenz, coordinador del estudio.
Presentación del Primer Informe sobre Derechos Sociales y Económicos de Nicaragua. Junio, 2023. Foto: Nicaragua Investiga.
Puentes para el Desarrollo señala que, según las cifras, el total de subocupación laboral corresponde al 55%.
A lo largo de una década la tasa de informalidad laboral ha rondado el 80%, señala la organización.
Canasta básica vs. Salarios
Y si se analiza ese dato con el precio de la canasta básica y el poder adquisitivo se «evidencia que en realidad lo que está en juego es el derecho a la sobrevivencia«, indican.
El costo de los alimentos de la dieta básica en promedio se elevó en 22% el año anterior. Los principales productos se encarecieron: el queso, 26%; los frijoles, 65%; las tortillas, 33%; y la carne, 26%.
En contraste, el ajuste al salario mínimo fue del 10%; los salarios de los trabajadores de zonas francas tuvieron un reajuste del 8%; los salarios de llos trabajadores del Estado, 5%; las pensiones de la Seguridad Social, un 2%; y el salario promedio de la economía formal, 1%.
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Sumado a ello, los trabajadores no cuentan con sindicatos que protejan sus derechos. La propaganda oficial vende prosperidad y progreso social, y logra imponer lo que los comunicadores llaman «espirales de silencio», explicó el economista.
Aplazado en Educación y Salud
El régimen de Ortega tampoco ha invertido en gran medida en educación (3.69% del PIB en 2013 a 4.47%, en 2019) y, por el contrario, impone un pensamiento partidario en las escuelas, ha cerrado universidades, anulado la autonomía universitaria, entre otras anomalías.
Los expertos citan, incluso, un estudio de la UNESCO que reveló las deficiencias en la calidad educativa en Nicaragua, un país donde el gobierno sandinista se vanagloria del porcentaje de aprobados en primaria y secundaria (más del 98% de estudiantes).
Sobre el sector Salud, el informe hace referencia al cuestionable manejo de la pandemia del COVID-19, los casos de dengue y el alarmante número de embarazo en adolescentes.
Asimismo, Sáenz hizo hincapié en la corrupción en el sector energético.
Señaló que han habido cuantiosas inversiones en energía eléctrica y, sin embargo, se refleja una generación buta de energía menor que 9 años atrás, un consumo menor que 6 años atrás; pérdidas técnicas, mayores a hace 5 años; y Nicaragua sigue teniendo la tarifa más alta en la región.
Desplazamientos forzados
«La población se encuentra indefensa ante estas violaciones, con el agravante de que tales volaciones se producen en silencio. Y no es previsible que esta situación se revierta en el corto plazo», advierte la fundación.
En medio de este panorama, más del 8% de la población salió del país en los últimos dos años. «Nicaragua está exportando su bono demográfico, está descapitalizándose», alertó Sáenz.
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