La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo un llamado a los Estados de la región, a la comunidad internacional y a la Organización de Estados Americanos (OEA) a «promover la democracia y la plena vigencia del Estado de derecho en Nicaragua».
En un reciente comunicado, el organismo rechazó la confiscación de los bienes de 222 excarcelados políticos, las nuevas detenciones arbitrarias, la persecución religiosa y las restricciones migratorias impuestas por el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua.
Indicó que la expropiación de los bienes y el patrimonio constituye una sanción penal arbitraria y desproporcionada que resulta contraria al artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
«Dichas sanciones afectan los bienes en mancomunidad, derechos de terceras personas y, además, dejan en situación de mayor vulnerabilidad a estas personas, así como a sus familiares que permanecen en el país», declaró la CIDH.
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Los defensores de derechos humanos también señalaron que el Estado ha impuesto «apatridia de facto» a varios nicaragüenses al prohibirles el retorno al país y no renovarles sus pasaportes vencidos. «Estas acciones han derivado también en la separación forzada».
Asimismo, la CIDH manifestó que el régimen sandinista continúa con las detenciones arbitrarias de personas defensoras, periodistas e integrantes de la Iglesia católica, y ha impuesto discrecionalmente la medida cautelar de «casa por cárcel».
A su vez, la comisión recordó que ha solicitado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ampliar las medidas provisionales para las comunidades indígenas Musawas y Wilú del territorio Mayangna Sauni As, de la Costa Caribe Norte, también víctimas de la represión, y de amenazas y secuestros por colonos armados que «actúan con la tolerancia de las autoridades estatales».
La CIDH urge que el régimen de Nicaragua ponga fin a la persecución de las personas opositoras políticas y libere a todas las personas detenidas de manera arbitraria.
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