La Policía Nacional ha incautado 2.1 millones de dólares tres meses después de las sanciones de EEUU

En menos de tres meses la Policía Nacional ha incautado al menos 2.1 millones de dólares. Estos operativos aumentaron días después que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionara a la institución.

Expertos en temas presupuestarios aseguran a Nicaragua Investiga que la información que proporciona la Policía sobre estas incautaciones es poco clara y se presta a especulaciones sobre la transparencia y uso de esos fondos.

“(Hay) todo un tema de transparencia del manejo de esos recursos; no se sabe si se ha metido al Presupuesto, nunca ha habido información sobre eso (dinero confiscado)”, dice Leonardo Labarca, investigador y experto en temas de presupuesto público.

 

Operativos aumentan

El pasado 5 de marzo de 2020 la Policía Nacional fue la primera institución pública en Nicaragua sancionada por el Departamento de Estado del Gobierno estadounidense. Luego de sufrir las medidas coercitivas, los agentes han incautado en seis operativos al menos 2.1 millones de dólares, en su mayoría en el Departamento de Chinandega.

El 27 de marzo en Los Zorros, Chinandega se incautó $300,000; el 3 de abril la incautación fue de $500,100 en el departamento de Rivas, el 4 de mayo en Somotillo se decomisó una cantidad de $221,086.

El 2 de junio en la playa Paso Caballo, Chinandega la policía encontró en dos lanchas varadas $392,900; el 16 de junio en el Guasaule, Chinandega fue de $541,400; y en menos de 48 horas en San Carlos, Río San Juan cuya cantidad superó a las anteriores con $183,420.

Todos estos datos fueron recopilados a través del monitoreo de coberturas periodísticas de El 19 Digital, medio oficial del FSLN.

¿Transparentar dinero público?

La policía asegura que estos operativos forman parte de lo que ellos llaman el “Muro de Contención”, según el comisionado Victoriano Ruiz, segundo jefe de la Dirección de Auxilio Judicial, quien afirma que con esto han aumentado los “golpes al narcotráfico y al incauto de dinero”.

El exfuncionario del Poder Judicial, Yader Morazán, dijo a Nicaragua Investiga que como conocedor de la forma de operar el crimen organizado a él no le cabe «la mínima duda que esta es una unidad de blanqueo de dinero”. Señala que la estrategia es tomar dinero proveniente de actividades ilícitas y presuntamente lo traspasarlo a por medio de una actividad permitida por la ley, a través de la figura de la incautación.

“La policía no tiene otra forma de justificar la entrada de dinero. Es una manera de convertir el dinero de dudosa procedencia en dinero ‘lícito’”, dijo Morazán vía telefónica a este medio de comunicación.

Sin detenciones 

Para Morazán estas incautaciones son “sospechosas”, a su vez señala que el patrón que está siguiendo la policía deja más dudas aduciendo que en los operativos no hay detenciones.

“Es sospechoso el patrón en la forma en cómo se está incautando sin delincuentes, dado a la forma del antecedente que la policía ha venido demostrando”, aseveró el jurista.

Morazán asegura que lo más dudoso de estos operativos “es que no tiene apariencia de legalidad porque están presentando en una nota prensa con información demasiada escueta y no hay levantamiento formal como lo establece la Ley en la escena del crimen”, enfatizó el exfuncionario del Poder Judicial.

Para Morazán realizar un levantamiento de las evidencias en las escenas del crimen tienen dos objetivos: la transparencia del acto y la seguridad jurídica. “Pues tienen que preparar los escenarios de un posible proceso penal del caso si las investigaciones arrojan quiénes son los culpables”, agrega.

Yader Morazán fue funcionario del Poder Judicial por varios años. Hoy se encuentra en el exilio. Foto: Cortesía

Policía Nacional incumple con Manual de Tratamiento de la Evidencia

La Policía Nacional, el Ministerio Público, Ejército de Nicaragua, el Poder Judicial, y la Procuraduría de los Derechos Humanos firmaron un proyecto de la Unión Europea (UE) sobre el Fortalecimiento de la Evidencia Física para mejorar el acceso a la Justicia Penal.

En el Manual de Tratamiento se lee que la Policía Nacional debe actuar en el lugar donde suceden los hechos, sin embargo, el dinero y la droga han sido presentadas a través de conferencia de prensa donde solamente se le permite la cobertura a los medio oficialistas.

El proceso legal de un dinero decomisado

El dinero que confisca la policía debe ser distribuido a varias instancias públicas y llevar un proceso conforme lo estable la Ley 735, (Ley de prevención, investigación y percusión del crimen organizado y de la administración de bienes incautados).

En el artículo 58 de esta Ley se lee que el dinero debe ser asignado hasta cuando se dicte una sentencia firme de culpabilidad, mientras tanto, debe permanecer en la Unidad Administradora de Bienes Incautados que vela por la garantía y el resguardo de la confiscación.

Yader Morazán se refirió a este tema aduciendo que supuestamente el dinero incautado es repartido sin haberse cumplido un proceso judicial.

“A esa Unidad se la da un depósito, sin embargo, los bienes se reparten antes que haya un culpable judicialmente hablando”, acotó Morazán.

En el artículo 44 de la Ley 735 reza que la Unidad por la autoridad administrativa competente debe una vez concluidos los actos de investigación emitir una resolución correspondiente por el Ministerio Público.

Dinero incautado no solo se destina para la institución policial

El dinero luego es transferido al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a través de la Tesorería General de la República para ser usado única y exclusivamente en programas y proyectos con fines de prevención.

Dentro de ese plan están los programas de rehabilitación, reinserción social, elaboración de políticas públicas, coordinación interinstitucional y protección de personas, relacionados con el enfrentamiento del crimen organizado y sus consecuencias.

Bajo esta misma Ley, en el artículo 58, indica las instancias que gozan de un porcentaje del dinero, esas instancias públicas son: Policía Nacional, Ministerio Público, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Corte Suprema de Justicia, Sistema Penitenciario Nacional, Consejo Nacional Contra el Crimen Organizado y la Unidad Administradora de Bienes Incautados, Decomisados o Abandonados.

El Gobierno de Daniel Ortega nunca ha ofrecido un informe oficial sobre la cantidad de bienes y dinero incautado, así como tampoco qué se hace con ellos.

Foto principal: Nicaragua Investiga 

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