Un grupo bipartidista de senadores en el Congreso de los Estados Unidos presentó una propuesta de ley encaminada a extender y reforzar de forma drástica las sanciones económicas contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La iniciativa legislativa, impulsada por los senadores Ted Cruz y Tim Kaine bajo el título «Ley para el Restablecimiento de la Equidad Electoral y los Derechos de la Oposición mediante Mandatos de Rendición de Cuentas de 2026» (S. 5369), amplía los alcances de la conocida Ley NICA Act de 2018 y fija sus mecanismos de presión económica hasta el año 2035.
Industria del oro en la mira
El aspecto más determinante de esta nueva iniciativa legal es la inclusión explícita del sector extractivo del oro dentro de los objetivos directos de sanción económica. La propuesta modifica la legislación vigente para facultar al Departamento de Estado y al Departamento del Tesoro a castigar a cualquier persona o entidad que se determine que «opera o ha operado en el sector del oro de la economía de Nicaragua», golpeando de manera frontal una de las principales fuentes de divisas y recaudación fiscal de las que se nutre la administración autoritaria de Managua.
La industria del oro ha tenido mayor auge en los últimos años en Nicaragua, gracias a la concesión de extracción en zonas protegidas y reservas naturales a mineras chinas.
Ejército en problemas serios
Junto a la minería de oro, la iniciativa enfoca sus baterías contra la cúpula militar nicaragüense al señalar de forma directa al brazo económico e inversionista del Ejército de Nicaragua. El texto legislativo estipula la incorporación de «los funcionarios del Instituto de Previsión Social Militar (IPSM), comúnmente conocido como el Instituto de Previsión Social Militar de Nicaragua», en la lista prioritaria de objetivos para la imposición de sanciones individuales y financieras por parte del gobierno estadounidense.
El IPMS mueve miles de millones de dólares en inversiones diversas en todo tipo de industrias que van desde ferreterías y universidades hasta empresas desarrrolladoras de urbanizaciones y constructoras.
Fin de elecciones: un camino sin retorno para los Ortega-Murillo
La fundamentación de la iniciativa legislativa sostiene que la administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo «ha incurrido en una corrupción sistemática, ha socavado las instituciones democráticas, ha erosionado el estado de derecho y ha cometido violaciones generalizadas de los derechos humanos».
El documento añade que el régimen ha promovido «la violencia patrocinada por el Estado contra los ciudadanos nicaragüenses, contribuyendo a la inestabilidad regional, la migración forzada, la represión transnacional y las preocupaciones de seguridad nacional».
Entre las justificaciones centrales expuestas por los legisladores estadounidenses se destaca también el deterioro de las garantías electorales y la persecución contra la Iglesia católica y las organizaciones evangélicas. El texto recuerda la detención de líderes religiosos y la cancelación masiva de organizaciones de la sociedad civil, argumentando que el régimen incurrió en «la detención o el procesamiento de una persona, incluidos miembros, voluntarios o empleados de la Iglesia Católica o de una Iglesia Protestante, debido al ejercicio legítimo por parte de esa persona de la libertad de religión».
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Asimismo, el proyecto de ley contempla castigos para quienes brinden apoyo logístico o tecnológico a regímenes aliados de Managua, sancionando «la provisión de bienes, servicios o tecnología significativos hacia o desde Nicaragua que apoyen al Gobierno de la Federación de Rusia o al Gobierno de la República Islámica de Irán». De ser aprobada por el Senado y la Cámara de Representantes, la ley mantendría vigentes estas medidas punitivas hasta el 31 de diciembre de 2035, a menos que se certifique un restablecimiento pleno de la democracia, el cese de la violencia policial y la realización de investigaciones independientes sobre los crímenes cometidos contra la población.
Una ley casi segura
Actualmente, la iniciativa se encuentra en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, donde debe ser debatida, enmendada y sometida a votación en un dictamen inicial. De ser aprobada en dicha comisión, pasará a votación en el pleno del Senado y posteriormente al pleno de la Cámara de Representantes antes de llegar a la firma presidencial para convertirse en ley. Las probabilidades de aprobación son elevadas, ya que se trata de una propuesta bipartidista impulsada por referentes clave de ambos partidos políticos
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*Este artículo fue elaborado mediante la colaboración estratégica entre nuestro equipo editorial y herramientas de inteligencia artificial.
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