La organización Human Rights Watch (HRW) señaló este 23 de junio que el gobierno de Daniel Ortega «ha respondido a la pandemia con negacionismo, inacción y secretismo».
HRW declaró que el gobierno de Nicaragua contradice las recomendaciones de los expertos de la salud y continúa sin disponer medidas de confinamiento como el cierre de escuelas para detener la propagación del virus.
Destacó que, incluso, en un primer momento, el gobierno fomentó eventos masivos y se opuso a quienes instaban a que las personas permanecieran en casa tildándolos de «radicales» y «extremistas» que «quieren que se destruya el país».
Human Rights: Médicos despedidos deben regresar a sus puestos
Ante el despido injustificado de al menos 10 profesionales de la salud por expresar su preocupación sobre el manejo de la pandemia, HRW señaló que «el régimen de Ortega debería permitir de inmediato que los profesionales de la salud se reincorporen a sus puestos, compensarlos por los salarios que no percibieron y adoptar medidas efectivas para responder a la pandemia».
José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, expresó que “Ortega busca intimidar y castigar a profesionales de la salud por intentar proteger la salud de los nicaragüenses y por ejercer su derecho fundamental a la libertad de expresión”.
La organización sostuvo comunicación con cuatro médicos que expresaron que en Nicaragua se desconoce «la dimensión real de la pandemia» ya que las pruebas son controladas únicamente por el Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia, y además no se ofrece información pública.
“Al despedir de manera arbitraria a médicos y otros profesionales de la salud durante la pandemia, el régimen de Ortega demuestra que le importa más silenciar la crítica de estos profesionales que proteger la vida y la salud de los nicaragüenses”, agregó Vivanco.
Además la organización señala que esta no es la primera vez que el gobierno de Ortega toma represalias en contra de los profesionales de la salud, ya que durante las protestas en 2018 despidió al menos a 400 médicos «presuntamente en represalia por haber atendido a víctimas de la represión».
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