La Policía Nacional, el Ejército de Nicaragua, la Asamblea Nacional y la vicepresidente Rosario Murillo «saludaron» a los periodistas nicaragüenses en su día. Sin embargo, estas tres instituciones, junto a la vocera del gobierno han tratado de callar a la prensa independiente de diferentes maneras. Murillo secuestró por más de 70 semanas el papel y otros insumos del diario La Prensa, y diseñó una estrategia llamada «comunicación incontaminada», en donde censuró el acceso a conferencia de prensa a la prensa crítica a su gestión.
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Policía Nacional: reprimen a los periodistas
La Policía Nacional, una de las instituciones que felicitó a los reporteros, ha quedado expuesta en reiteradas ocasiones cuando agreden a los periodistas que han brindado cobertura a los nicaragüenses que se manifiestan en contra del gobierno de Daniel Ortega. Incluso, un antimotín amenazó de muerte al periodista Yelsin Espinoza Reyes, de la plataforma “Nicaragua Actual”, mientras daba cobertura a un piquete realizado en las inmediaciones de la Iglesia de la Divina Misericordia, en Villa Fontana en 2020.
Otra agresión que quedó registrada fue la del periodista Wilih Narváez, quien fue golpeado e intimidado por oficiales antidisturbios mientras daba cobertura una protesta opositora en Managua. Narváez recibió un golpe en uno de sus brazos y una patada en su entrepierna. Ese día, las fuerzas de choque de la Policía Nacional arrinconaron a un grupo de periodistas para evitar la cobertura al piquete exprés.
Ejército avaló la Ley de Ciberdelitos
El Ejército de Nicaragua fue consultado sobre la polémica Ley de Ciberdelitos. La institución avaló esta normativa a pesar que es violatoria a la Constitución de Nicaragua y por tratarse de ser una ley nociva que pretende silenciar a la prensa independiente al definir conceptos como “noticia falsa”, “alarma”, “terror” y “zozobra”.
El artículo 30 de la Constitución de Nicaragua establece que “los nicaragüenses tienen derecho a expresar libremente su pensamiento en público o en privado, individual o colectivamente, en forma oral, escrita o por cualquier otro medio”. Cabe señalar que en estas consultas participaron periodistas oficialistas pidieron que caiga «todo el peso de la ley» para los que se «burlen» de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
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Por otro lado la institución castrense ha tenido una serie de denuncias por amenazas directas a periodistas nicaragüenses que han sido críticos en el país. Uno de los casos fue de la periodista, Georgina Vargas, quien denunció que temía por su vida ante unos señalamientos por parte del Ejército.
Ella se refirió a la reacción del Coronel Álvaro Francisco Rivas Castillo, Jefe de Relaciones Públicas y Exteriores del Ejército de Nicaragua, pues en una conferencia de prensa, el integrante de la institución militar mencionó en el nombre de la periodista alegando que manipulaba la información en sus reportes periodísticos, lo que Vargas valoró como amenazas directas hacia ella.
Asamblea Nacional en contra de la prensa independiente
El Poder Legislativo también saludó a los periodistas nicaragüenses, pero los legisladores sandinistas, que son los que mantienen controlado el parlamento, rechazan la labor periodística independiente en el plenario y han contestado de manera virulenta las preguntas que le formulan los comunicadores. También son los promulgadores de aprobar la Ley de Ciberdelitos para coartar el trabajo de los periodistas.
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Además, los diputados sandinistas arremetieron contra los periodistas independientes cuando se aprobó la Ley de Ciberdelitos. El legislador Carlos Emilio López dijo que se les “acabó el negocio a los mentirosos, a los que son parte de la industria de las mentiras en las redes sociales, a los que crean y difunden falsas noticias creando alarma, temor, zozobra, afectando la estabilidad económica, el orden público, la salud o la seguridad soberana”.
Murillo saludó a los periodistas propagandistas
La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, quien mantiene un bloqueo constante a la prensa independiente saludó a la batería de comunicadores que laboran en los medios de su propiedad. La vocera del gobierno sandinista los llamó «periodismo revolucionario», y los consideró como parte de su propaganda política al señalar que «ni se venden, ni se rinden».
Sin embargo, el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, ordenó mediante la Dirección General de Aduanas (DGA), retener de cuatro embarques de papel e insumos para la producción de periódicos y desde entonces no le permitió a La Prensa importar materia prima.
Esta misma medida fue aplicada a El Nuevo Diario, que tuvo que cerrar en el 27 de septiembre de 2019, tras resistir un año de este bloqueo. Esta acción del gobierno sandinista envió al desempleo a decenas de periodistas y trabajadores de estos dos diarios nicaragüenses.
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