Tras los allanamientos y arrestos contra dirigentes del MRS, ahora movimiento Unamos, el Gobierno de Daniel Ortega amenazó a Nicaragua Investiga y otros medios independientes por supuestamente recibir «millones de dólares» que Estados Unidos envió a la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, y que luego fueron transferidos a «cuentas corporativas y miembros de la familia Chamorro».
El 13 de junio, el gobierno sandinista emitió un comunicado en el que expresó que medios como «Canal 10, Canal 11, Canal 12, y Vos TV, Radio Corporación y Radio Show Café con Voz; así como las plataformas digitales de 100% Noticias, Artículo 66, Nicaragua Investiga, Nicaragua Actual, BacanalNica y Despacho 505″ podrían ser investigados por «la Ley No. 1040, que requieren que las organizaciones informen en detalle cualquier financiamiento que reciban del extranjero y la Ley No .1055, que protege al Pueblo Nicaragüense contra los delitos de traición y conspiración sediciosa».
«Se está desarrollando un ataque implacable y sin precedentes en contra del Pueblo y Gobierno de Nicaragua, impulsado por falsas narrativas propugnadas por medios de comunicación de la derecha y «figuras de la oposición» financiados por Estados Unidos» dicta el comunicado y agregó que «la investigación se está llevando a cabo de manera exhaustiva y transparente, con actualizaciones periódicas que se publican de manera oportuna para informar al pueblo nicaragüense de sus avances».
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En el pronunciamiento titulado «Nicaragua: En defensa de la Soberanía Nacional y el Estado de Derecho«, también señaló que los precandidatos y precandidatas a la presidencia que se disputan por representar la oposición en los comicios del 7 de noviembre, «están cabildeando y presionando a los Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), con el propósito de aprobar resoluciones que interfieren en los asuntos internos y soberanos de Nicaragua», lo que se traduce como una «amenaza» para la administración sandinista.
«Por ello, cualquier intento de un actor nacional o extranjero de socavar una investigación de esta naturaleza, también debe considerarse en el contexto de la legislación vigente, y debe ser percibido como un ataque frontal contra los principios del respeto al Estado de Derecho, la Democracia, la Soberanía Nacional y la Libre Autodeterminación en Nicaragua» explica el pronunciamiento en amenaza a quienes soliciten «injerencia» a través de las sanciones contra funcionarios sandinistas.
Escalada represiva de Daniel Ortega denominada «operación Danto 2021»
Durante las últimas semanas, Daniel Ortega ha desatado constantes persecuciones a opositores nicaragüenses, luego que el pasado 20 de mayo, el Ministerio de Gobernación (Migob) abriera un proceso investigativo contra Cristiana Chamorro, aspirante presidencial, por supuestas irregularidades financieras en la fundación desde 2015 a 2019. Las detenciones y procesos de investigación «judicial» ha sido denominada por la militancia sandinista como «operación Danto 2021«.
En el pronunciamiento Ortega sostiene que la investigación del Ministerio Público contra quienes «están siendo acusadas por los delitos de lavado de dinero, fraude, traición o conspiración sediciosa», bajo «una investigación exhaustiva realizada sin interferencia de actores nacionales o extranjeros, es el único resultado que puede contribuir a la Paz, la Reconciliación, el Estado de Derecho y la Democracia en Nicaragua».
Hasta ahora, cuatro precandidatos presidenciales, dos extrabajadores de la fundación y nueve opositores a Ortega, han sido arrestados por la Policía Nacional durante los primero 15 días de junio. Los «secuestros» se han ejecutado por las noches, fines de semana y con fuerte operativo policial en conjunto con gentes vestidos de civil y en vehículos particulares, así lo han denunciado organismos opositores en el país.
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El próximo 15 de junio, la Organización de Estados Americanos (OEA), estará sesionando para discutir la grave crisis política que vive Nicaragua. En la sesión especial se espera que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, solicite que se suspenda la participación de Nicaragua en ese organismo por “alteración al orden constitucional”.
Por su parte, la Subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Julie Chung, pidió a la OEA dar una «señal clara» al mandatario sandinista.
Sin embargo, Daniel Ortega ha continuado con su plan de persecución contra la denominada «huaca golpista» por el oficialismo. En la última semana Ortega ha intentado instaurar un proceso electoral modificado a sus conveniencias, tras el arresto de los aspirantes a la presidencia con mayor popularidad en las encuestas.
El mandatario sandinista ha gobernado Nicaragua durante los últimos tres períodos presidenciales y aspira a un cuarto mandato luego de las elecciones generales de este 2021.
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