El Ministerio Público emitió un comunicado de prensa en el que informa que luego de haberse ausentado «sin justificación alguna» a la citatoria que programaron para Humberto Belli y el empresario Gerardo Baltodano, «se encuentran en búsqueda y captura por la Policía Nacional».
A ambos se les vincula (en calidad de exdirectivos) a la investigación que se ha abierto en contra de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social FUNIDES, que el precandidato presidencial Juan Sebastián Chamorro-detenido desde el 8 de junio pasado- dirigió hasta mediados de 2019.
La casa de Baltodano ubicada en Las Colinas en la ciudad de Managua fue allanada, y se ejecutó incautación de dispositivos electrónicos y documentación. Lo mismo sucedió más tarde en la vivienda de Humberto Belli.
Belli fue ministro de educación durante la administración de Violeta Barrios de Chamorro y es miembro del consejo editorial de La Prensa. Gerardo Baltodano es gerente general de Café Soluble S,A.
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El Ministerio Público también informó que como parte de esas investigaciones se presentó esta mañana a citatoria el señor Mario Arana Sevilla, mientras ayer por la tarde acudió Martha Duque-Estrada Gurdián (Gerente de Serlisa), ambos recibieron el 16 de junio varias medidas precautelares como restricción migratoria y levantamiento del sigilo bancario y tributario.
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El mismo comunicado también indica que se ha ampliado el plazo de investigación del Sr. Luis Rivas Anduray, Presidente Ejecutivo del Banco de la Producción a 90 días, los cuales deberá permanecer en prisión.
Según la entidad, Rivas es investigado por «la posible comisión de actos ilícitos a través de FUNIDES para conseguir que se maquillaran los estados financieros y haber permitido una gestión abusiva», mientras fue directivo de la organización, que se describe como un centro de pensamiento que realiza análisis sobre temas políticos, sociales y económicos del país.
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Además aseguran que «se cuenta con fuertes indicios de que ha atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo», citando la Ley 1055, «Ley de Soberanía».
El gobierno de Daniel Ortega emprendió desde el pasado 28 de mayo una ola de arrestos en contra de opositores, líderes políticos y empresarios a tan solo cinco meses de realizarse los comicios electorales.
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