Una reciente investigación del observatorio ciudadano Urnas Abiertas revela una parte de los millonarios desfalcos que cometió el régimen de Daniel Ortega a través del Banco Corporativo (BANCORP) en las alcaldías municipales.
Urnas Abiertas detalla que con el BANCORP, entidad financiera vinculada a los negocios de la familia Ortega-Murillo y creado con fondos de la cooperación venezolana, se realizó un “sangramiento al erario público”, bajo la concesión de créditos plurianuales al 80% de las alcaldías de todo el país.
“Todo ello, bajo la justificación de que el dinero sería utilizado para la construcción de una especie de corredores de parques turísticos que nunca llegaron a realizarse, desapareciendo de esta forma el dinero, endeudando a las alcaldías y defraudando a la ciudadanía”, expone el informe “Sangramiento al erario público: el caso BANCORP y el dinero que no llegó a las alcaldías”, indica la información publicada recientemente por Urnas Abiertas.
Estos millonarios desfalcos se originaron en 2017, pero tienen precedente desde 2015, cuando la primera dama Rosario Murillo mandó al Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal a bajar la orden a las alcaldías de construir varios atractivos turísticos en casi todas las ciudades del territorio nacional, esto obligó a las municipalidades a endeudarse nada más y nada menos que con el sancionado por Estados Unidos y ahora desaparecido BANCORP.
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Las anomalías en la alcaldía de Quilalí
Urnas Abiertas ejemplifica con el caso de la alcaldía de Quilalí, en el departamento de Nueva Segovia, que adquirió la suma de “13,126,229 córdobas” destinados, a la “construcción de obras de recreación de un parque de gran atractivo y obras asociadas”. El préstamo fue otorgado en 2016 al alcalde de ese entonces, Marvin José Rodríguez Rivera.
En el informe, destacan que la alcaldía aprobó el compromiso monetario a un plazo de cuatro años que se iniciaría a pagar en 2017 y culminaría en 2021. Con esto, tanto el Concejo Municipal como el mismo alcalde habrían violado Ley de Régimen Presupuestario Municipal (No. 376), pues el tiempo para cancelar el crédito sobrepasaba el periodo del gobierno en turno que debía entregar la municipalidad a un nuevo mandato en 2018.
“En este punto, empiezan a saltar las primeras irregularidades, dado que precisamente en el 2017 se realizaron elecciones municipales en todo el país, por lo que, en enero del 2018, hubo traspaso de autoridades municipales, esto significa que se estaba endeudando a las autoridades municipales entrantes, sin ellas haber sido partícipes de la aprobación de este proyecto de construcción de parques”, detalla el informe.
Según el observatorio ciudadano “esto constituyó una violación al principio de legalidad” establecido en el reglamento de la Ley 376, en el cual, “no se permite adquirir obligaciones plurianuales por créditos que vayan más allá del periodo en el que fueron elegidas las autoridades municipales”.
El caso no paró ahí, según Urnas Abiertas, también se violó el artículo 21 de dicha ley, pues el monto de la deuda “superó el 20% de los ingresos presupuestados por la Alcaldía Municipal de Quilalí para el año 2016”.
En cuanto a la adquisición de créditos el artículo 21 de la Ley 376 es claro en apuntar que “se podrán contraer siempre y cuando el servicio de la deuda de todos los créditos contratados por el municipio no sea superior al 20% de los ingresos corrientes anuales del municipio”.
Los C$11 millones que desaparecieron
Las irregularidades en la adquisición del crédito es lo menos importante, lo escandaloso fue la desaparición de 11 millones de córdobas. Según la investigación de Urnas Abiertas, BANCORP aprobó el préstamo por “13,473,723 córdobas” y abrió una cuenta corriente en la que se suponía se iba a guardar el dinero a nombre de la Alcaldía Municipal de Quilalí. Sin embargo, para 2017, “solo se desembolsaron 1,660,297 córdobas, con los cuales se compró un terreno en la ciudad de Quilalí, para iniciar la construcción del parque y otras obras asociadas”.
“El terreno que compró la Alcaldía de Quilalí y en el cual iban a iniciarse las obras de construcción del ‘Parque de gran atractivo y demás obras asociadas’, es actualmente un terreno vacío que se utiliza como espacio para las ferias del municipio, es decir, en el camino desaparecieron 11 millones de córdobas”, detalla el documento.
La pérdida de los 11 millones de córdobas fue tan solo un acto de corrupción de los centenares que pesan sobre el régimen Ortega-Murillo. Urnas Abiertas explica que una funcionaria de la Contraloría General de la República (PGR) les indicó que esta operación no solo se hizo en la Alcaldía de Quilalí, sino también en el 80% de las alcaldías en toda Nicaragua.
Mandos de la Contraloría ordenaron “vetar el tema”
Y así figuran un crédito por C$16,554,623 que BANCORP otorgó a la Alcaldía de Larreynaga en el departamento de León en 2017, y del cuál la municipalidad acabó pagando C$20,718,245.40. Lo más grave es que una auditoría realizada por la PGR reveló que “la Alcaldía no logró efectuar ningún tipo de actividad o ninguna de las etapas de construcción del proyecto consistente en la construcción del parque de gran atractivo, tampoco no había recibido ninguna respuesta por parte del BANCORP, a la solicitud de reembolso del monto a su favor” y lo paradójico es que la misma Contraloría tampoco elevó sanciones a los involucrados.
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“Esta misma situación se repitió con la Alcaldía de Villa El Carmen en Managua, por el crédito suscrito el 24 de octubre de 2016 y por el cual la comuna tuvo que pagar la cantidad de C$16,819,746.69, incluidos intereses y mantenimiento de valor del préstamo, por el cual tampoco recibió el desembolso y por ende, no se logró construir ningún el parque de gran atractivo”, continúa revelando el informe de Urnas Abiertas.
Antes de finalizar la investigación, el observatorio ciudadano hace una remembranza de los “proyectos que quedaron sobre papel y que fueron publicitados por el régimen orteguista”, como el gran canal interoceánico, la refinería, el puerto de aguas profundas en el Caribe, entre otros, y de los cuales se han asignado y siguen destinando millonarios fondos que no se sabe a dónde van a parar.
Además cuestiona el silencio de la Contraloría General de la República ante todo este “robo de recursos”, pues dicha entidad es la encargada de la fiscalización de los bienes públicos. Contrario a sus funciones, los altos mandos de la institución estatal ordenaron “vetar el tema, una vez tuvieron acceso a la información de lo que estaba pasando y aun cuando se habían encontrado irregularidades en casi todas las alcaldías del país”, concluye Urnas Abiertas.
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