El Mecanismo de Reconocimiento Especial para Personas Presas Políticas elevó a 78 la lista de presos políticos en Nicaragua y además denunció las condiciones precarias en que se encuentran.
Mediante un informe, el organismo señala que desde el año 2018 hasta la fecha, hay 68 presos políticos en Nicaragua, producto de la crisis social que atraviesa el país.
El Mecanismo de Reconocimiento Especial para Personas Presas Políticas también destaca que del total de reos de conciencia, al menos 10 de ellos están presos desde antes de 2018.
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Desde el 20 de junio al 31 de julio 2023, el informe recoge que en durante ese periodo, la dictadura detuvo a 14 nicaragüenses.
El organismo está confirmado por defensores de derechos humanos, familiares de presos políticos, así como de excarcelados políticos. También lo conforman activistas territoriales y digitales.
“El presente acápite aborda las cifras de personas detenidas arbitrariamente entre el 20 de junio y 31 de julio 2023, cuya captura podría estar relacionada con motivos políticos. Sin embargo, los siguientes datos no necesariamente coinciden con el número de personas presas políticas agregadas a la lista de este mes”, se lee en el documento.
Además, agrega que “no en todos los casos se cuenta con toda la información y/o se agotaron los procesos de verificación según criterios establecidos por el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas”.
Detenciones arbitrarias disminuyeron en julio
Durante el mes de julio, las detenciones arbitrarias disminuyeron, pero no así las violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses, principalmente la persecución contra la Iglesia Católica, destaca el informe.
“Las personas pertenecientes al clero religioso son las más afectadas, experimentando hostigamientos, amenazas y medidas administrativas como el congelamiento de cuentas bancarias, lo cual ha sido reportado por varias entidades religiosas”, puntualiza el documento.
Asimismo, denunciaron el hostigamiento policial del que son víctimas los opositores al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
“Amenazas y hostigamientos dirigidos hacia la población. Este incremento se manifiesta a través de visitas domiciliarias de agentes de la Policía Nacional, quienes interpelan a los residentes acerca de sus actividades cotidianas”, se lee en la denuncia.
“Teléfonos móviles y computadoras de los residentes son inspeccionados sin presentar orden o justificación alguna. Frente a las inquietudes planteadas, los agentes simplemente responden que se encuentran «bajo investigación», agrega el escrito.
Policía oculta información de detenidos
El organismo también denunció un nuevo patrón de represión en contra de los presos políticos y es que ocultan información a los familiares.
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“Gran grupo de los detenidos han permanecido en lo que se ha denominado desaparición forzada por ocultamiento de paradero durante semanas y meses. Durante este periodo, los derechos de estas personas son vulnerados y su salud se resiente debido a la falta de acceso a alimentos y medicamentos, incluso en situaciones de enfermedades crónicas y entre la población de edad avanzada”, denuncia el organismo.
También denuncia que hay familiares de varios presos políticos que no interponen la denuncia por temor a represalias, por lo que buscan la manera de visualizar las detenciones.
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