Veinticinco expresidentes iberoamericanos hicieron un llamado al Alto Comisionado de Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a que adopten medidas en contra de los funcionarios del régimen de Nicaragua responsables del cierre y confiscación del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE).
Los exmandatarios Óscar Arias, de Costa Rica; Alfredo Cristiani, de El Salvador; Iván Duque, de Colombia; Felipe Calderón, de México; Mauricio Macri, de Argentina; Sebastián Piñera, de Chile; y Mariano Rajoy, de España, son algunas de las figuras que este miércoles se pronunciaron ante la nueva arremetida de Daniel Ortega.
Los exjefes de Estado y de Gobierno que integran la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) declararon, a través de un comunicado, que la educación es «un derecho humano fundamental que ahora proscribe la dictadura nicaragüense».
IDEA señala que el cierre del INCAE se inscribe en las sucesivas e iguales cancelaciones de otros centros de educación superior, incluyendo la Universidad Centroamericana (UCA), «a la que se ha hecho objeto de una desmedida represión».
Por tanto, exigen que los organismos universales y regionales de protección de derechos humanos, «adopten las medidas que se correspondan en contra de los responsables individuales de este atentado, que al paso representa un ataque artero al conocimiento y a la excelencia».
A su vez, demandan a los gobiernos del mundo condenar «categóricamente estas decisiones por afectar ellas a un principio de orden público internacional, el del respeto y la tutela de la dignidad de la persona humana».
En recientes declaraciones a la Voz de América, el representante de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, Alberto Brunori, señaló que el cierre de la escuela de negocios «manda un mensaje de que aquí no se salva nadie».
Esto «repercute negativamente porque cierra los espacios. Pareciera que ya no queda un espacio donde poder hablar, donde poder pensar, donde poder investigar, únicamene se hace lo que el gobierno admite que se puede hacer y esa no es democracia», declaró.
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