En Nicaragua los habitantes están «¡sálvense quien pueda!», así lo ilustró el experto en aplicación de justicia Yader Morazán al referirse a la seguridad jurídica en el país.
Los abogados consultados coinciden en que, tanto nacionales como extranjeros, están desprotegidos y, por tanto, invertir en un negocio o comprar propiedades no es tan buena idea.
La seguridad jurídica es amplia, incluye la seguridad en el ámbito civil, penal, mercantil, laboral o social, y está asociado al cumplimiento del principio de legalidad, explican.
«La seguridad jurídica indica que el Estado garantiza a las personas que las reglas jurídicas se van a aplicar sin arbitrariedad», indicó el abogado Danny Ramírez- Ayérdiz.
Sin embargo, en Nicaragua, donde «el Estado-partido es la ley» y «el régimen atropella abruptamente los instrumentos jurídicos», la seguridad «es nula».
La confiscación es parte del terrorismo de Estado
El ejemplo más claro es la ola de confiscaciones que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha desatado en el país, pese a estar prohibida en la Constitución Política nicaragüense.
El artículo 44 de la Carta Magna establece que «se prohíbe la confiscación de bienes. Los funcionarios que infrinjan esta disposición, responderán con sus bienes en todo tiempo por los daños inferidos».
La figura legal es la de «expropiación«, pero el Estado de Nicaragua tiene que indemnizar a las personas afectadas de acuerdo al valor catrastal de las propiedades al momento que sucede la expropiación, explicó Ramírez-Ayérdiz.
No obstante, agregó, la confiscación se ha incluido dentro del «patrón de censura, castigo, venganza y terrorismo de Estado».
Un título de propiedad en Nicaragua no es garantía
La Procuraduría General de la República afirma que, desde el 2007 a agosto de 2023, ha entregado más de 652 mil títulos de propiedad. Pero, «al no haber seguridad jurídica todo prácticamente es del Estado», señaló Morazán.
Esta situación «perjudica a todos por igual, sea opositor o no, porque se convierte en un vicio de quién tiene más o mejores contactos».
Ejemplificó que si un ciudadano ajeno a cualquier postura política se ve enfrentado en un conflicto de propiedades, negocio o comercial, «puede ser aplastado por quien tiene influencia o amistades en el régimen».
¿Existe la deuda que Daniel Ortega le cobra a Estados Unidos?
«Un título de propiedad otorga seguridad jurídica en un Estado democrático, pero en un sistema dictatorial ningún documento ni lo escrito en piedra podrá otorgar la seguridad jurídica», dijo.
Comprar y no inscribir la propiedad en el Registro Público para no ser confiscados tampoco es viable. «La inscripción da seguridad jurídica para que cualquier persona se encuentre con una pared al intentar hacer un tráfico inmobiliario con documentos fraudulentos; pero, además, la propiedad se adquiere a través de una escritura pública y los abogados ahora están obligados a informar al Poder Judicial sobre esa adquisición».
Ahuyenta inversiones
«La cooptación y captura del sistema de justicia a favor del partido Frente Sandinista (FSLN) y el régimen Ortega-Murillo» afecta a la inversión extranjera y nacional, dijo por su parte el abogado Juan Diego Barberena.
«Ningún inversionista considera que hay espacio adecuado para hacer negocios cuando la ley no se cumple y más aún cuando, en consecuencia, los actos de corrupción son la regla general», declaró.
Ramírez- Ayérdiz concuerda en que éste es «un desatino» porque el Estado tampoco tiene la capacidad de hacer producir ninguna empresa confiscada y «no creo que los socios comerciales, principalmente Estados Unidos, soporten que las empresas con las que comercien estén en manos del Estado».
¿Qué hacer ante la falta de seguridad jurídica?
Los afectados pueden hacer uso de las leyes nacionales, aunque con poca garantía, señaló el abogado y notario José Antonio López.
Explicó que si la persona considera que sus intereses están siendo afectados puede recurrir a la Ley de Justicia Constitucional reformada, antes Ley de Amparo.
Como defensor de derechos humanos en la organización Defensores del Pueblo interpuso al menos 20 recursos de amparo e inconstitucionalidad, en los últimos años, para dejar constancia de las violaciones.
Otros expertos plantean que las empresas deberían abrir sedes en otros países para poder emprender acciones judiciales contra el Estado de Nicaragua en caso de ser confiscados. Las personas afectadas directamente pueden recurrir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Nicaragua es parte de tratados internacionales que la comprometen a proteger los derechos de los ciudadanos, pero «los diferentes mecanismos regionales o universales tienen procesos muy lentos», expresó Morazán. Por tanto, al corto plazo, toca lidiar con hacer denuncia pública.
Barberena coincide en que, «ante una dictadura totalitaria, los afectados solo pueden documentar para postransición exigir las devoluciones» de bienes.
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