Agentes de la Policía Nacional, actuando bajo instrucciones de funcionarios de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), ingresaron y ocuparon las instalaciones de la Corporación Eléctrica Nicaragüense, S.A. (CENSA) la noche del lunes 26 de octubre de 2026. La empresa, ubicada en el kilómetro 68 de la carretera a El Velero, en Puerto Sandino (León), está vinculada al general en retiro Joaquín Cuadra Lacayo, exjefe del Ejército de Nicaragua.
Hasta el momento de la publicación de la información, las instituciones del régimen no habían emitido confirmación oficial. Fuentes del sector empresarial comunicaron el hecho al diario digital Confidencial, que también registró la reciente intervención de otra compañía asociada al mismo exmilitar: Rocedes, que opera bajo régimen de zona franca en el Parque Industrial Las Mercedes, en Managua.
Según explicó una de las fuentes citadas por Confidencial, el régimen suele ampararse en “justificaciones técnicas o financieras” para este tipo de acciones. En el caso de CENSA se mencionan presuntos incumplimientos del contrato de suministro de electricidad y supuestos atrasos con el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) y la Dirección General de Ingresos (DGI). La misma fuente sostuvo que “si Cuadra y sus socios estuvieran alineados con el poder, le dejarían pasar cualquier atraso o deuda que pudieran tener, pero el pecado de fondo es político”.
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CENSA opera en el mercado eléctrico nicaragüense desde mayo de 1997. Inició con una planta de 36 MW (nueve unidades de 4 MW) y en octubre de 2000 sumó más de 27 MW adicionales (cuatro unidades de 7 MW), para un total de capacidad instalada de 57 MW. Datos del Centro Nacional de Despacho de Carga (CNDC) indican que la empresa sigue aportando generación al sistema interconectado nacional y mantiene una reserva superior a 645 000 galones de búnker.
El episodio se inserta en un contexto de reiteradas intervenciones a empresas privadas en Nicaragua, donde las autoridades han utilizado argumentos contractuales, fiscales o de cumplimiento para ocupar instalaciones, en un entorno de inseguridad jurídica que el Departamento de Estado de Estados Unidos ha señalado repetidamente a potenciales inversores.
*Este artículo fue elaborado mediante la colaboración estratégica entre nuestro equipo editorial y herramientas de inteligencia artificial.
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