La dictadura nicaragüense, a través del Ministerio de Salud, emitió este viernes una nueva nota oficial sobre la condición médica del exdiputado y líder indígena miskito Brooklyn Rivera Bryan, quien permanece bajo custodia del Estado desde septiembre de 2023.
De acuerdo al comunicado, emitido este 29 de mayo, «Rivera no puede en estos momentos ser trasladado ni a su domicilio ni a otros centros u otros países, por riesgo de su vida ya que su condición de múltiples crisis y extrema debilidad elevaría el riesgo a su vida con consecuencias predecibles».
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Según las autoridades, Rivera presenta un cuadro clínico grave que incluye falla multiorgánica, cirrosis hepática, infección pulmonar por bacterias resistentes, y requiere ventilación mecánica a través de traqueotomía además de alimentación intravenosa. Este viernes, especialistas en nefrología y cardiología realizan evaluaciones adicionales en el Hospital Fernando Vélez Paiz.
En diferentes notas el Ministerio de Salud ha detallado los tratamientos aplicados desde su traslado al centro hospitalario en marzo. Sin embargo, el régimen recalca implícitamente su posición al mantener al líder indígena bajo custodia estatal, sin contemplar su liberación inmediata a pesar de las múltiples demandas nacionales e internacionales que exigen su excarcelación por razones humanitarias.
Organismos internacionales piden liberación incondicional
Organismos como Amnistía Internacional han señalado que el deterioro de Rivera ocurre bajo responsabilidad del Estado y han urgido su liberación incondicional antes de que sea tarde. La familia y defensores de derechos humanos cuestionan que un hombre que ingresó a prisión en condiciones aceptables de salud haya llegado a este estado crítico tras más de dos años y medio detenido.
Igualmente el régimen nicaragüenses ha negado la posibilidad de medidas alternativas como arresto domiciliario o libertad condicional, insistiendo en continuar con la atención médica dentro del marco de su detención.
Esta situación mantiene la atención sobre los casos de presos políticos en Nicaragua y genera mayor presión internacional sobre el manejo de la salud y los derechos de las personas privadas de libertad.
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