En Nicaragua, la maquinaria represiva del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ya no solo persigue a opositores o voces críticas, sino que se ha encarnizado contra sus propios colaboradores y militantes partidarios.
Así lo confirma el informe actualizado del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
De acuerdo con el documento oficial, de las 243 personas cuya detención arbitraria fue documentada por la sociedad civil durante el período analizado, al menos 55 eran partidarias del FSLN o funcionarias del Estado.
El número de militantes sandinistas y trabajadores del Estado purgados podría ser mucho mayor, pero el organismo solo reporta los que ha podido documentar con denuncias y pruebas. No todos se atreven a denunciar el arresto de sus familiares.
El ACNUDH destaca textualmente que «en un contexto más amplio de represión dirigida a eliminar toda crítica, más allá de los opositores reales o percibidos, se observó un aumento del número de detenciones de personas, entre ellas funcionarios públicos, que, al parecer, eran partidarias del partido gobernante».
Procesos opacos por «corrupción» y sometimiento laboral
El informe detalla que estas acciones responden a una dinámica en la que cualquier atisbo de disidencia o sombra de duda dentro del aparato estatal es castigado con la cárcel. La ONU observó que, «cada vez más, las vulneraciones del debido proceso arriba mencionadas se han producido en procedimientos contra miembros del partido gobernante y empresarios acusados de delitos relacionados con la corrupción o el blanqueo de dinero».
A este entorno de encarcelamientos silenciosos se suma el sometimiento forzado de la nómina pública. Según la investigación del ACNUDH, las manifestaciones de apoyo al régimen son promovidas activamente y «se exigió a los funcionarios públicos que asistieran a ellas, y el hecho de no participar conllevó represalias».
Un caso emblemático de esta arremetida dentro de las estructuras ligadas al Ejecutivo es el del exasesor presidencial Steadman Fagot, quien permanece privado arbitrariamente de su libertad desde septiembre de 2024 tras cuestionar públicamente la respuesta estatal en los territorios indígenas.
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Represión transnacional y control institucional absoluto
Aunque la purga interna destaca como el fenómeno emergente de mayor impacto en la estructura del régimen, el informe del ACNUDH también sistematiza otros aspectos clave del deterioro de los derechos humanos en el país ya documentados anteriormente, entre ellos:
- Persecución más allá de las fronteras: La ONU documentó el asesinato en el exilio del opositor y oficial militar retirado Roberto Samcam, ocurrido el 19 de junio de 2025. Asimismo, registró al menos 41 casos de ciudadanos a quienes se les impidió arbitrariamente ingresar a Nicaragua y 19 casos de denegación de pasaportes o servicios consulares en el extranjero.
- Control total de la Asamblea Nacional: El análisis de 185 votaciones plenarias entre junio de 2025 y mayo de 2026 reveló cero votos en contra y cero abstenciones, lo que evidencia la anulación de la práctica democrática incluso entre diputados no alineados oficialmente a la bancada oficialista.
- Consecuencias de las excarcelaciones masivas: La liberación de miles de presos comunes por orden presidencial benefició a personas condenadas por delitos graves contra mujeres y niños. El ACNUDH documentó el caso de un sujeto condenado por abuso sexual que fue liberado tras cumplir solo 3 de sus 12 años de pena y posteriormente cometió el asesinato con agravantes de una niña.
*Este artículo fue elaborado mediante la colaboración estratégica entre nuestro equipo editorial y herramientas de inteligencia artificial.
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