La Organización de los Estados Americanos (OEA) se prepara para elevar al máximo nivel su presión sobre el régimen nicaragüense. En un movimiento diplomático conjunto, los gobiernos de Estados Unidos, Colombia y Perú remitieron un borrador de resolución para ser debatido en la Trigésima Primera Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, programada para este 2 de octubre en Washington.
El documento incluye un emplazamiento directo sin precedentes que exige «remover de Nicaragua personal de seguridad, tecnología, capacidades e instalaciones extra-hemisféricas cuya presencia o actividades amenacen la paz y la seguridad hemisférica, y terminar los acuerdos de seguridad y defensa relacionados», es una clara alusión a la presencia de de China y Rusia en Nicaragua.
La propuesta continental subraya la urgencia de reaccionar ante el deterioro democrático del país centroamericano, demandando una «respuesta hemisférica urgente, precisa y coordinada» que incluya «gestiones diplomáticas con plazos determinados».
Un último intento de negociación
Para este propósito, los países firmantes plantean la creación inmediata de un Grupo Ministerial de Seguimiento que intentará un «compromiso directo y pronto con las autoridades nicaragüenses, incluso a través de una posible visita a Nicaragua liderada por Ministros de Relaciones Exteriores».
Dicho grupo de cancilleres tendrá un plazo estricto de 30 días para rendir su primer informe y proponer «opciones para una acción colectiva graduada y coordinada en las líneas de esfuerzo diplomática, política, económica, financiera e institucional multilateral».
Demandas innegociables
Entre las demandas innegociables que enumera el borrador, los ministros exigirán al régimen «liberar incondicionalmente a todos los presos políticos y revelar el paradero y la condición de todas las personas desaparecidas forzosamente». Asimismo, la OEA reclama «restaurar la ciudadanía, los registros civiles y el derecho a regresar sin temor a represalias a las al menos 452 personas que el gobierno nicaragüense pretendió desnacionalizar arbitrariamente y luego expulsó del país, incluidos líderes religiosos, clérigos y laicos».
El borrador de resolución demanda además anular el andamiaje jurídico impuesto en los últimos años, instando a «revertir los cambios constitucionales adoptados en 2025 y 2026 que desmantelaron aún más la democracia representativa y restablecer la independencia de las instituciones estatales, la separación de poderes y el pluralismo político».
De igual forma, el texto instruye «devolver las propiedades y activos arbitrariamente confiscados a personas, empresas, organizaciones, instituciones religiosas, medios de comunicación e instituciones académicas nicaragüenses y extranjeras».
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En sesión permanente
Ante la gravedad del escenario, la asamblea diplomática acordó mantener el foro de cancilleres en sesión permanente. La resolución dispone «mantener abierta la Trigésima Primera Reunión de Consulta y autorizar a su Presidencia a reconvocarla dentro de los 45 días, o antes si las circunstancias lo justifican, para considerar el informe del Grupo y adoptar las medidas adicionales que sean apropiadas».
*Este artículo fue elaborado mediante la colaboración estratégica entre nuestro equipo editorial y herramientas de inteligencia artificial.
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