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Poder Judicial de Nicaragua en la mira de las sanciones de Estados Unidos

La Corte Suprema de Justicia no resuelve las denuncias de ciudadanos por los costos altos de la energía. Foto: NICARAGUA INVESTIGA

Un grupo de senadores de los Estados Unidos envió una carta al Secretario de Estado Mike Pompeo y al Secretario del Tesoro Steven Mnuchin solicitando sanciones para el Poder Judicial de Nicaragua por considerarlo como un brazo represor de Daniel Ortega y «complice» de las violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses.

«La mayoría del Poder Judicial Nicaragüense actúa como un brazo político del régimen de Ortega-Murillo y es cómplice de la represión y preservación del poder del régimen» dice la misiva enviada por los senadores norteamericanos.

«Recomendamos encarecidamente utilizar las herramientas disponibles en la Sección 5 de la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua de 2018 y la Orden Ejecutiva 13851 para responsabilizar a los miembros del poder judicial nicaragüense que estén directa o indirectamente involucrados en violaciones graves de los derechos humanos, incluidas personas en la Fiscalía, la Fiscalía General y el sistema judicial» indica el documento.

Estados Unidos ha sancionado a 20 funcionarios nicaragüenses, 4 empresas y una institución – Foto: Nicaragua Investiga

Hasta la fecha, el departamento del tesoro de los Estados Unidos ha sancionado a 20 funcionarios nicaragüenses, cuatro empresas allegadas a la familia presidencial y una institución, la Policía Nacional, pero aún no ha sido sancionado ningún funcionario o institución del Poder Judicial.

Los jueces y fiscales del Poder Judicial se han encargado de sentenciar a los presos políticos a altas penas de cárcel como los 216 años de prisión dictados contra Medardo Mairena, a pesar de que la Constitución Política del país establece que la pena máxima en Nicaragua es de 30 años.

De igual manera, los abogados de los reos políticos como Julio Montenegro e incluso la Comisión Permanente de Derechos Humanos han denunciado que la Fiscalía ha fabricado pruebas falsas a los reos políticos para incriminarlos en delitos que supuestamente no cometieron.

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